El plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzará este miércoles con la firma de los dictámenes sobre la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, luego del emplazamiento dispuesto para que ambos cuerpos legislativos trataran el tema. En paralelo, el oficialismo trabaja en una propuesta alternativa que dejaría atrás el esquema de emergencia y establecería un régimen permanente para el sector. La iniciativa sería incorporada al tratamiento del Presupuesto 2027. El planteo busca resolver las diferencias que surgieron dentro de La Libertad Avanza a partir del capítulo sexto del proyecto de Presupuesto enviado por el ministro de Economía, Luis Caputo, al Congreso el pasado 15 de septiembre. Allí se incluyeron los artículos 39, 40 y 41, que proponían modificaciones vinculadas con la normativa vigente sobre discapacidad. Entre otros puntos, el proyecto original contemplaba la derogación de distintos artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Uno de ellos es el artículo 8°, que establece la cobertura de prestaciones básicas de salud para las personas con discapacidad que reciben una pensión no contributiva. También se proponía eliminar el artículo 9 de la normativa que regula las pensiones no contributivas por invalidez y vejez, que contempla el otorgamiento de estos beneficios a personas que no cuentan con recursos suficientes, no están alcanzadas por otro régimen previsional y cumplen con determinadas condiciones. Desde el oficialismo plantearon que la intención es avanzar hacia una legislación permanente. La diputada Silvana Giudici sostuvo que buscan un dictamen que supere el esquema de emergencia y permita establecer beneficios de carácter permanente para las personas con discapacidad. Durante el tratamiento del Presupuesto, además, se prevé establecer un cronograma para que los funcionarios de las distintas áreas concurran al Congreso a explicar y defender las partidas asignadas. La propuesta que se encuentra en discusión reemplazaría el proyecto original en materia de discapacidad. Uno de los puntos que generó mayor debate fue la eliminación del Nomenclador Nacional Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, que fija valores de referencia para las prestaciones en todo el país y alcanza al Estado nacional, las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y el PAMI. Entre las alternativas que analiza el oficialismo aparece la posibilidad de mantener la actualización periódica del nomenclador, aunque con un mecanismo diferente al actual. La propuesta contempla ajustes vinculados con la inflación, pero con una frecuencia más espaciada. La diputada Laura Rodríguez Machado, de La Libertad Avanza, señaló durante el plenario que el objetivo es avanzar hacia un esquema de normas permanentes y superar el tratamiento de la discapacidad mediante mecanismos de emergencia. Según explicó el oficialismo, la iniciativa busca reemplazar las herramientas excepcionales y temporales por una legislación de fondo que establezca reglas permanentes, mecanismos de financiamiento y controles para el sector. Los bloques opositores prevén firmar este miércoles un dictamen para prorrogar la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa reúne firmas de legisladores de Unión por la Patria, Defendamos Córdoba, Provincias Unidas, Argentina Federal, Frente de Izquierda, Democracia para Siempre y otros bloques. Todavía resta definir la posición de algunos integrantes de Argentina Federal, espacio que mantiene conversaciones con el oficialismo y tiene vínculos políticos con los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones. Por su parte, el dictamen que impulsa La Libertad Avanza junto con sectores del PRO, la UCR y bloques provinciales propone abandonar la denominación de “emergencia” y avanzar hacia una normativa permanente. Entre sus fundamentos, el oficialismo plantea que las situaciones de emergencia deben tener carácter excepcional y temporal, mientras que las modificaciones estructurales deberían establecerse mediante leyes permanentes aprobadas por el Congreso. Otro de los puntos bajo análisis está relacionado con las pensiones no contributivas por discapacidad. El Gobierno plantea reforzar los controles para determinar el acceso al beneficio y sostiene que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no debería implicar, por sí solo, el otorgamiento automático de una pensión. La propuesta también incorpora la posibilidad de compatibilizar el cobro de una pensión con el empleo formal, una alternativa que modifica el planteo inicial incluido en el proyecto de Presupuesto, que establecía una incompatibilidad absoluta. A esto se suma el reclamo de distintos diputados por la situación de los prestadores de servicios para personas con discapacidad, que reclaman compensaciones por atrasos acumulados durante 2024. El oficialismo y sus aliados analizan un mecanismo para atender esas diferencias e incorporar previsiones para los pagos correspondientes a los últimos meses de 2026 y al Presupuesto 2027. La discusión continuará durante los próximos días, mientras el Gobierno busca alcanzar un acuerdo en torno a la nueva propuesta y los distintos bloques avanzan con sus respectivos dictámenes.