La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el embargo preventivo sobre 13 inmuebles vinculados a las empresas Hotesur y Los Sauces, entre ellos el departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en el marco de la condena de seis años por la causa Vialidad. La decisión fue tomada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que declaró inadmisible un recurso presentado por las defensas de Máximo y Florencia Kirchner, actuales accionistas de ambas sociedades. El planteo buscaba revertir la medida dispuesta previamente por el Tribunal Oral Federal N°2. Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña votaron a favor de rechazar el recurso, mientras que Mariano Borinsky consideró que el planteo debía ser analizado. El embargo alcanza al inmueble de San José 1111, otras propiedades ubicadas en Puerto Madero y distintos bienes situados en Santa Cruz. La medida había sido ordenada en agosto con el objetivo de preservar esos activos mientras avanza el proceso para determinar cuáles podrían ser destinados al decomiso establecido en la sentencia de la causa Vialidad. Las defensas de Máximo y Florencia Kirchner cuestionaron la medida y plantearon, entre otros argumentos, que algunos de los inmuebles habían ingresado al patrimonio familiar antes del período correspondiente a los hechos investigados. La mayoría de la Cámara de Casación consideró que el embargo tiene un carácter cautelar, patrimonial y provisional, por lo que no constituye una decisión definitiva sobre los bienes. Además, sostuvo que las defensas no lograron demostrar la existencia de una cuestión federal que habilitara la intervención de la Cámara en esta instancia. Con esta resolución, los embargos continuarán vigentes mientras el Tribunal Oral Federal N°2 analiza si corresponde avanzar con el decomiso definitivo de las propiedades alcanzadas por la medida. El monto fijado para el decomiso en la causa Vialidad fue actualizado a $684.990.350.139,86. El cálculo quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara los recursos presentados contra esa actualización. Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025.