La negociación salarial de las universidades nacionales volvió a terminar sin acuerdo este jueves. Durante el encuentro realizado en el Palacio Pizzurno, el Gobierno sostuvo la misma propuesta que los gremios ya habían rechazado: un 3% de aumento en septiembre y otro 3% en octubre. La oferta volvió a ser considerada insuficiente por los sindicatos docentes, que reclaman una recomposición adicional del 32,5%. Ese porcentaje está relacionado con la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante los primeros años de la actual gestión nacional. El conflicto también está vinculado con la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada en 2025. La normativa establece mecanismos vinculados al financiamiento de las universidades y a la actualización de los salarios del sector. La jornada incluyó dos reuniones. En primer turno, las autoridades recibieron a los sindicatos docentes y, posteriormente, a partir de las 15, estaba previsto el encuentro con las organizaciones que representan al personal no docente. Luego de ambas instancias, los gremios definirían las próximas acciones frente a la falta de acuerdo. Entre las posibilidades que analizan los sindicatos aparece una nueva movilización nacional en defensa de las universidades públicas, mientras continúa el debate por el Presupuesto 2027. El proyecto contempla una partida de aproximadamente $7,5 billones para las universidades nacionales. Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estimó que el sistema necesitaría alrededor de $11 billones para afrontar sus necesidades y garantizar el cumplimiento de lo establecido por la Ley 27.795. De acuerdo con los datos difundidos por el organismo, cerca del 90% de esos recursos corresponde al pago de salarios docentes y no docentes. A la discusión salarial se suma la controversia judicial por la aplicación de la Ley 27.795, que continúa sin una resolución definitiva. En este escenario, la negociación paritaria volvió a cerrarse sin consenso y los gremios deberán definir si impulsan nuevas medidas de fuerza para reclamar una recomposición salarial superior a la propuesta por el Gobierno.