La Ley de Desarrollo Local Minero se acerca a su puesta en marcha en San Juan. El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, informó que la reglamentación de la norma ya fue finalizada en su aspecto técnico y que ahora resta una revisión a cargo de profesionales del área legal del Gobierno provincial. El Ejecutivo había establecido un plazo de 60 días para avanzar con la reglamentación, de los cuales ya transcurrieron alrededor de 40. Si bien ese período fue fijado como compromiso del Gobierno y no por la propia ley, Perea aseguró que el cronograma previsto se mantiene. La normativa busca generar herramientas para que el desarrollo de la actividad minera tenga un mayor impacto en la economía de San Juan. Entre sus principales objetivos se encuentra el impulso a la participación de proveedores locales, trabajadores sanjuaninos y empresas relacionadas con las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de los proyectos. La reglamentación permitirá avanzar con la aplicación de la ley, aunque desde el Ministerio de Minería aclararon que no todos los artículos requieren una reglamentación específica. Perea explicó que la parte técnica del trabajo está terminada, pero que el texto todavía debe atravesar una instancia de revisión jurídica. “Si yo fuera la única lapicera, para mí la reglamentación ya está completa, pero queda una instancia de revisión por otros profesionales”, señaló el funcionario durante una rueda de prensa. El ministro explicó que la puesta en funcionamiento de la ley también estará acompañada por dos instrumentos específicos: el Registro de Proveedores Mineros y una matriz de impacto socioeconómico. “Si bien la ley entra en operatividad desde que la misma está reglamentada, necesitamos de dos herramientas que van a sustentar esta ley y que quizá estén un poco de tiempo después que la reglamentación misma”, explicó Perea. El Registro de Proveedores Mineros tendrá como finalidad identificar y organizar a las empresas que forman parte de la cadena de abastecimiento y servicios de la actividad minera. La herramienta permitirá contar con información sobre las compañías que participan como proveedoras de los distintos proyectos. Por otra parte, se elaborará una matriz de impacto socioeconómico de carácter público, que permitirá reflejar distintos indicadores contemplados por la legislación. “Esa matriz va a expresar la cantidad de proveedores locales, locales de comunidades, de la República, trabajadores de la zona de influencia directa a indirecta y todo lo que dice la ley”, detalló Perea. La matriz también incluirá información vinculada con los planes que deben cumplir las empresas proveedoras. Para su desarrollo, el Ministerio de Minería prevé realizar una licitación y contratar a una empresa que estará a cargo de elaborar la herramienta de acuerdo con los criterios establecidos por la ley. De acuerdo con el cronograma explicado por Perea, la implementación tendrá dos etapas. Primero deberá completarse la reglamentación y, posteriormente, comenzará el desarrollo de la matriz. “Una vez que esté el reglamento, a los aproximadamente 30 días estará la matriz”, concluyó el ministro.