Los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner presentaron una nueva prueba ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco del planteo realizado contra la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. Durante una conferencia de prensa realizada en el NH Hotel, los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego cuestionaron nuevamente la sentencia y sostuvieron que la exmandataria fue condenada de manera injusta. “La sentencia es absolutamente injusta y se condenó a una persona inocente”, afirmaron los letrados, al repasar los principales argumentos de la defensa. Según explicaron los abogados, el nuevo elemento surgió durante una declaración realizada el 6 de agosto, en el marco de la causa Cuadernos. Se trató de un funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad, convocado por la Fiscalía para explicar una base de datos incorporada al expediente. La información estaba contenida en una planilla de Excel de casi 80 columnas, que el testigo explicó durante su declaración. De acuerdo con la defensa, uno de los datos permitió conocer con mayor detalle cómo fueron utilizados los fondos provenientes del fideicomiso de transporte. Los abogados señalaron que, a partir de esa información, analizaron la distribución de los recursos destinados a obras públicas entre 2009 y 2015, período por el que Cristina Kirchner fue condenada. Según la interpretación de la defensa, el análisis mostró que las empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez recibieron menos del 1% de los fondos utilizados por la Dirección Nacional de Vialidad provenientes de ese fideicomiso. “Nos encontramos con que había una serie de empresas que estaban en el primer ranking que no tenían nada que ver con el Gobierno de aquel entonces y que las empresas de Lázaro Báez estaban muy relegadas”, señalaron. Para los abogados, esta información contradice uno de los argumentos utilizados para sostener la condena y constituye un elemento que debía ser presentado ante el organismo internacional. Durante la conferencia, la defensa también volvió a cuestionar la forma en que se desarrolló el proceso judicial. Los abogados sostuvieron que inicialmente la acusación contra Cristina Kirchner incluía los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta y que, finalmente, fue absuelta por el primero de ellos. Según plantearon, las pruebas incorporadas durante el juicio no permitieron acreditar las acusaciones originales. En ese sentido, cuestionaron que la condena terminara centrada en el manejo de los fondos del fideicomiso de transporte a partir de un decreto firmado por la entonces presidenta en 2009. La defensa también recordó que había solicitado una pericia contable para analizar cómo se habían distribuido los fondos y determinar si estos habían sido destinados a distintas empresas de obra pública. Según los abogados, esa medida de prueba fue rechazada durante el proceso. La presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU también cuestiona el proceso que derivó en la condena, el posterior encarcelamiento de Cristina Kirchner y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los abogados sostienen que durante el juicio se vulneraron ocho garantías reconocidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Derecho a votar y ser elegido: la defensa sostiene que la condena buscó impedir una futura candidatura y cuestiona la inhabilitación perpetua. Derecho a un juicio justo: cuestionan que se le hayan atribuido responsabilidades sobre actos administrativos que, según sostienen, no correspondían a sus competencias constitucionales. Derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial: plantean objeciones sobre la asignación de causas y la independencia de jueces y fiscales. Presunción de inocencia: afirman que existió una presunción de culpabilidad desde el inicio del proceso. Tiempo y medios adecuados para preparar la defensa: cuestionan la incorporación de elementos de otros expedientes sin una posibilidad efectiva de controvertirlos. Revisión de la condena por un tribunal superior: sostienen que la Cámara de Casación no analizó de manera efectiva los planteos de la defensa. Prohibición de ser juzgado dos veces por los mismos hechos: señalan que 49 de las 51 obras públicas analizadas ya habían sido investigadas en otros procesos que terminaron archivados o con sobreseimientos. Derecho a un recurso efectivo: cuestionan que el sistema judicial argentino no haya brindado una vía efectiva para revisar la condena. La defensa sostiene que estos planteos, sumados a la nueva información sobre la distribución de los fondos del fideicomiso, deben ser considerados por el organismo internacional en el análisis del caso.