La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió este lunes una denuncia contra directivos, administradores y representantes legales de distintas empresas pesqueras internacionales y sociedades mixtas vinculadas a las Islas Malvinas, por explotar recursos marinos en el Atlántico Sur con autorizaciones emitidas por las autoridades británicas que ocupan el archipiélago. La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano. Los denunciantes sostienen que las actividades cuestionadas afectan la soberanía argentina, el control aduanero y los recursos naturales ubicados dentro de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La causa quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway. El escrito judicial menciona a varias compañías de origen español, principalmente de Galicia, que operarían en asociación con sociedades mixtas constituidas en las Islas Malvinas y bajo licencias británicas que los denunciantes consideran ilegales. Entre las empresas señaladas aparecen: Lanzal, vinculada con Petrel Fishing Company Ltd., que opera con el buque Monteferro. Grupo Pereira, asociada con Argos Group Ltd., con los buques Argos Cíes y Argos Berbés. Pescapuerta, relacionada con South Atlantic Squid, que opera con las embarcaciones Falcon, Prion y Robin M. Lee. Copemar, también vinculada con South Atlantic Squid, a través del buque Hadassa Bay, que reemplazó al Baffin Bay. Ferralmes, asociada con Castelo Fishing Co., cuyo principal buque es el Castelo. Hermanos Touza, vinculada con Beaufort Fishing Ltd. y la embarcación Hermanos Touza. Moradiña, relacionada con Polar Ltd., que opera con el buque New Polar Playa de Sartaxens, bajo bandera española y de las islas. Según la denuncia, las operaciones podrían configurar el delito de contrabando, a partir de maniobras destinadas a evitar los controles de las autoridades argentinas. Uno de los principales puntos señalados es la presunta evasión del control aduanero. De acuerdo con la presentación, las empresas extraerían recursos pesqueros de áreas que Argentina considera bajo su jurisdicción y posteriormente realizarían exportaciones, transbordos en alta mar o descargas en Puerto Argentino o en puertos de terceros países, sin someter esas operaciones a la fiscalización argentina. Los denunciantes también plantearon la existencia de maniobras de clandestinidad y engaño. Según su hipótesis, las empresas utilizarían autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas de las Islas Malvinas para evitar los controles de la Aduana argentina y, eventualmente, el pago de derechos de exportación y el cumplimiento de las normas cambiarias. La presentación encuadra estas conductas, de manera preliminar, en los artículos 863, 864 inciso a y 865 del Código Aduanero. El artículo 863 contempla acciones destinadas a dificultar o impedir el control aduanero, mientras que el 864 establece sanciones para determinadas operaciones de exportación clandestina. Los denunciantes también invocaron agravantes relacionadas con un posible perjuicio patrimonial al Estado, la participación de tres o más personas y el uso de embarcaciones para eludir los controles de la Prefectura Naval Argentina y la Aduana. La denuncia pidió además investigar si pudo existir un incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de autoridades nacionales. Los abogados solicitaron determinar si hubo omisiones en las tareas de vigilancia y patrullaje y si se dejaron de impulsar medidas para sancionar las operaciones denunciadas y reclamar el pago de los derechos aduaneros y las multas correspondientes. Para avanzar con la investigación, solicitaron que el juzgado requiera información a distintos organismos públicos. A la Prefectura Naval Argentina y al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) les pidieron reportes sobre el avistamiento e identificación de las flotas vinculadas con las empresas denunciadas y de otras embarcaciones que operen en el Atlántico Sur con licencias británicas o sin autorización argentina. También solicitaron información a la Dirección General de Aduanas para determinar si las compañías registraron operaciones de exportación o pagaron aranceles por las capturas realizadas en la zona. Por último, pidieron a la Inspección General de Justicia (IGJ) información sobre los vínculos comerciales, filiales y activos que las empresas extranjeras denunciadas puedan tener en el territorio continental argentino. La denuncia se suma a otras investigaciones judiciales relacionadas con las actividades desarrolladas en las Islas Malvinas. En el Juzgado Federal N° 12 de Comodoro Py tramitan las denuncias presentadas por la Cancillería contra empresas y empresarios vinculados con proyectos hidrocarburíferos en el archipiélago. En esos expedientes, el Gobierno argentino identificó a 27 empresarios, ejecutivos y directivos relacionados con compañías petroleras que participan de esos proyectos. Entre las firmas incorporadas a la investigación figuran Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited, además de personas vinculadas con Navitas Petroleum Limited Partnership, Navitas Petroleum Development & Production Limited y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.