La Corte de Justicia de San Juan remitió el miércoles pasado a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley Complementaria del Régimen Penal Juvenil. La iniciativa fue tratada este lunes durante la tercera Sesión Especial y obtuvo aprobación unánime. El proyecto enviado originalmente por el Poder Judicial estaba compuesto por 18 artículos, pero durante el tratamiento legislativo se incorporaron dos modificaciones acordadas tras una reunión entre los diputados y el presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur. Uno de los cambios establece que los Poderes Ejecutivo y Judicial estarán facultados para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para implementar y ejecutar la nueva normativa. El segundo incorpora la figura del supervisor, que estará a disposición de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia o del organismo que determine el Poder Ejecutivo. De acuerdo con lo informado por la Cámara de Diputados, la ley complementaria establece herramientas vinculadas con los modos alternativos a la imposición de una pena, la conciliación, la reparación integral del perjuicio, la suspensión del proceso a prueba y el juicio abreviado. También fija pautas para la aplicación y el seguimiento de estas medidas. La figura del supervisor tendrá un rol específico en el acompañamiento y control de los adolescentes alcanzados por determinadas medidas judiciales. Entre sus funciones estará el seguimiento de las reglas de conducta establecidas cuando se otorgue una suspensión del proceso a prueba. En esos casos, deberá verificar que el adolescente cumpla con las condiciones fijadas y comunicar periódicamente al juez cualquier circunstancia que pueda requerir una modificación de la medida. Durante el debate, desde el bloque peronista plantearon que debía quedar expresamente establecido que esta función también tendrá carácter transitorio. Finalmente, el rol del supervisor quedó contemplado dentro del período de adecuación y tendrá vigencia hasta que la provincia sancione el Código Procesal Penal Juvenil definitivo. En cuanto al financiamiento, el artículo 18 de la norma establece que los Poderes Ejecutivo y Judicial podrán realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar su cumplimiento y aplicación durante esta etapa de transición. La aprobación de la ley está vinculada con la entrada en vigencia, el pasado 5 de septiembre, del Régimen Penal Juvenil a nivel nacional. A partir de este nuevo escenario, San Juan deberá avanzar en una adecuación de su estructura judicial para contar con un sistema especializado que incluya jueces, fiscales, defensores y asesores capacitados específicamente para intervenir en causas que involucren a adolescentes. De esta manera, la nueva ley funcionará como un marco transitorio mientras la provincia avanza en la elaboración del régimen definitivo y en la estructura necesaria para su implementación.