Las alianzas de La Libertad Avanza atraviesan un momento de tensión en el Congreso, justo cuando el Gobierno prepara una semana clave para avanzar con dos de sus principales iniciativas: el paquete legislativo relacionado con la soberanía sobre las Islas Malvinas y el Presupuesto 2027. En menos de 24 horas, el oficialismo sufrió dos reveses parlamentarios que dejaron expuestas las dificultades para mantener alineados a sus aliados. En Diputados, la oposición logró avanzar con temas vinculados a la emergencia en discapacidad y el alivio para personas endeudadas, mientras que en el Senado Patricia Bullrich debió suspender una sesión en la que estaba previsto tratar un proyecto de biocombustibles por falta de respaldo suficiente. En la Cámara de Diputados, el oficialismo intentó evitar que avanzara una sesión impulsada por la oposición, pero no logró impedir que se alcanzara el quórum. Legisladores vinculados a los gobernadores Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua participaron de la sesión y contribuyeron a reunir 135 diputados, seis más de los 129 necesarios. Los bloques libertarios, finalmente, acompañaron algunas de las mociones que establecieron plazos para el tratamiento de distintos proyectos, entre ellos la iniciativa relacionada con la Emergencia en Discapacidad. El cambio de postura generó malestar dentro de sectores aliados, especialmente en la UCR y el PRO, que habían sostenido la estrategia de no facilitar el quórum en sesiones promovidas por el peronismo. Una situación similar se produjo con el proyecto destinado a aliviar el endeudamiento de las familias. Ante la certeza de que la oposición podía avanzar, los diputados de La Libertad Avanza terminaron respaldando que la iniciativa fuera debatida. El oficialismo también trabaja en una propuesta propia. Según el planteo mencionado, el objetivo sería aumentar la información que las entidades financieras deben brindar a sus clientes, aunque la iniciativa no contempla una solución directa para las millones de personas que actualmente mantienen deudas. Estos cambios de posición generaron nuevas diferencias con sectores que hasta ahora habían acompañado al Gobierno en el Congreso. En la Cámara alta, el escenario tampoco resultó favorable para el oficialismo. Patricia Bullrich decidió suspender la sesión en la que se buscaba avanzar con una nueva ley de biocombustibles, proyecto que contaba con aportes de legisladores de distintas provincias. La iniciativa no tenía garantizado el respaldo de los senadores radicales, misioneros y santafesinos, mientras que también surgieron objeciones dentro del propio espacio libertario. Uno de los principales puntos de conflicto fue la falta de acuerdo sobre una salvaguarda para las pequeñas y medianas empresas que no forman parte de una cadena productiva vinculada a los biocombustibles. La suspensión de la sesión volvió a mostrar las dificultades que atraviesa el oficialismo para construir mayorías estables en el Senado, donde también quedaron trabados anteriormente proyectos como Zona Fría, Súper RIGI, la reforma de la Ley de Salud Mental, la reforma política y la Ley Hojarasca. Pese a los tropiezos, el Gobierno consiguió algunos avances en la Cámara alta. Las comisiones dieron dictamen a los proyectos de Inocencia Fiscal II y de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Esta última iniciativa es considerada por el Gobierno como una herramienta central dentro de su programa económico y monetario. Bullrich busca que ambos proyectos puedan ser tratados en el recinto durante la próxima semana. El debate sobre el Banco Central, sin embargo, quedó atravesado por la controversia en torno a las 13 toneladas de oro que fueron trasladadas al exterior. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, sostuvo que el oro se encuentra depositado en Suiza y que los movimientos fueron auditados. Desde el peronismo cuestionaron esa versión y aseguraron contar con información que ubicaría el oro en el Banco de Inglaterra. A esto se sumó un comunicado de la Auditoría General de la Nación, que puso en duda algunas de las afirmaciones realizadas por Bausili sobre las auditorías. Las dificultades parlamentarias aparecen en un momento especialmente sensible para la Casa Rosada. En los últimos días, Javier Milei volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda y anunció nuevas medidas vinculadas con la defensa de la soberanía argentina. Entre ellas se encuentra un endurecimiento de las sanciones contra empresas que participen en actividades petroleras no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina. Además, el Gobierno creó un mecanismo de coordinación de la política exterior bajo la órbita de la Cancillería y sumó a funcionarios a la mesa política encargada de impulsar la futura Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La próxima semana, el Congreso recibirá dos iniciativas que servirán como una prueba para el oficialismo: el paquete legislativo relacionado con Malvinas y el Presupuesto 2027. El escenario obligará a La Libertad Avanza a negociar nuevamente con sus aliados y con los bloques provinciales para conseguir los votos necesarios y evitar que las diferencias internas terminen frenando la agenda que busca impulsar la Casa Rosada.