Un fallo de primera instancia le dio la razón a Santiago Graffigna en una demanda civil iniciada por la Provincia de San Juan a raíz de una expropiación considerada irregular en Iglesia. La jueza Adriana Tettamanti, del fuero Contencioso Administrativo, resolvió cerrar el expediente luego de determinar que transcurrió el plazo legal de seis meses sin que Fiscalía de Estado realizara actuaciones para impulsarlo. La presentación de Graffigna se basó en la figura de la perención de instancia, un mecanismo previsto por el Código Procesal Civil que permite poner fin a un proceso cuando durante seis meses no se registra actividad procesal de impulso. La decisión no está firme y puede ser apelada por Fiscalía de Estado. Si el fallo queda confirmado, la Provincia no podría recuperar el dinero que había pagado por la expropiación de un terreno ubicado en Iglesia, destinado a la construcción del dique Cuesta del Viento. La millonaria suma que reclamaba la Provincia La expropiación se concretó en 2009, cuando el Estado desembolsó $1.011.194. Luego de que la causa penal determinara que la operación había sido irregular, Fiscalía de Estado inició una demanda para recuperar ese dinero, más los intereses correspondientes. Con cálculos conservadores, el monto reclamado superaría actualmente los $7 millones. Graffigna planteó la perención de instancia el 27 de julio, argumentando que el expediente no había tenido impulso desde septiembre de 2023. La jueza analizó las actuaciones y concluyó que efectivamente se había superado ampliamente el plazo establecido por la legislación. Según explicó Tettamanti, el 28 de agosto de 2023 las partes habían acordado suspender durante 20 días la audiencia inicial prevista para ese mes. La audiencia fue dejada sin efecto al día siguiente, pero posteriormente no hubo nuevos pedidos de suspensión ni actuaciones destinadas a impulsar el proceso. Qué argumentó Fiscalía de Estado El organismo provincial se opuso al cierre de la causa. Su argumento fue que el expediente había quedado condicionado por la situación procesal del camarista civil Roberto Pagés, quien también había sido demandado por su actuación como juez de primera instancia en la expropiación del terreno de Iglesia. Pagés finalmente quedó desvinculado de manera definitiva del proceso civil, luego de que su exclusión fuera confirmada por distintas instancias judiciales, incluida la Corte de Justicia de San Juan. Fiscalía de Estado sostuvo que no podía avanzar de manera parcial contra Graffigna mientras se resolvía la situación de Pagés. Incluso pidió que el expediente permaneciera paralizado hasta que desapareciera la inmunidad constitucional del magistrado, ya fuera por una eventual destitución, renuncia o finalización de sus funciones. La respuesta de la jueza Tettamanti rechazó esa explicación y consideró que la conducta de la propia Provincia durante el proceso contradecía ese argumento. La magistrada destacó que Fiscalía de Estado había impulsado anteriormente el expediente, incluso solicitando que se fijara la audiencia inicial y participando luego de pedidos de reprogramación y suspensión acordados con Graffigna. Por ese motivo, entendió que no resultaba válido sostener ahora que la exclusión de Pagés impedía continuar con el juicio. La jueza también cuestionó la posibilidad de mantener el expediente paralizado de manera indefinida, al considerar que una medida de ese tipo afectaría la seguridad jurídica y la garantía constitucional de un plazo razonable. Un problema para el reclamo de la Provincia Si la resolución queda firme, Fiscalía de Estado podría intentar iniciar una nueva acción judicial. Sin embargo, ese camino también presentaría dificultades: el reclamo original fue iniciado hace aproximadamente una década y los plazos de prescripción ya habrían sido superados. El caso forma parte de un conjunto de 19 demandas civiles que Fiscalía de Estado había impulsado contra Graffigna y otros involucrados en la denominada megacausa de las expropiaciones. Entre los demandados estuvieron Pagés, la exjueza civil Rosalba Marún, el exmagistrado Carlos Macchi y el abogado Horacio Alday, entre otros. Las condenas de la megacausa Graffigna fue condenado en sede penal a 7 años y 8 meses de prisión, al ser considerado jefe de una asociación ilícita vinculada al esquema de expropiaciones investigado. También recibieron condenas Horacio Alday, con 6 años; Carlos Macchi, con 6 años y 2 meses; el exfiscal de Estado Mario Díaz, con 6 años; Néstor Ruiz, con 4 años y 6 meses; Ana María Melvin, con 4 años; Víctor Bustos, con 3 años y 6 meses; Juan Pablo Quiroga, con 3 años; y José Moreno, con 3 años. Los abogados de los condenados recurrieron a la Corte de Justicia para solicitar una revisión de las sentencias.