El Gobierno nacional anunció que avanzará con nuevas denuncias penales contra empresas que estarían realizando actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, incluida la zona de las Islas Malvinas. La decisión fue comunicada luego de que el presidente Javier Milei anunciara, durante una cadena nacional, una serie de medidas relacionadas con la posición argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Según informó la Oficina del Presidente, las nuevas presentaciones judiciales estarán dirigidas contra compañías que presuntamente incumplieron las disposiciones establecidas por la Ley 26.659, que regula las actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina. El Ejecutivo sostuvo que las denuncias no se limitarán a las empresas involucradas, sino que también buscarán identificar a las personas que hayan participado en las decisiones vinculadas con esas operaciones. En ese sentido, serán incluidos directores, gerentes, administradores, representantes y otros responsables de las compañías señaladas. De acuerdo con el Gobierno, esto podría derivar tanto en la ampliación de causas judiciales que ya están en trámite como en el inicio de nuevos procesos. Desde la administración nacional remarcaron que las medidas forman parte de una estrategia destinada a sancionar a quienes, según su interpretación, desarrollen actividades que afecten los derechos soberanos de la Argentina. La Ley 26.659 establece restricciones para las personas físicas y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin contar con la autorización correspondiente de la autoridad nacional. La normativa también alcanza a quienes tengan participación directa o indirecta en empresas que lleven adelante este tipo de proyectos, les presten servicios o realicen operaciones comerciales relacionadas sin la habilitación exigida. Entre las sanciones previstas se encuentran: Inhabilitación por períodos de entre 5 y 20 años. Finalización de concesiones hidrocarburíferas, cuando corresponda, con su eventual reversión al Estado nacional o a las provincias. Eliminación inmediata de exenciones y beneficios impositivos o previsionales otorgados. Para determinadas actividades de búsqueda de hidrocarburos sin autorización, penas de prisión de entre 5 y 10 años, multas e inhabilitación especial. Para actividades no autorizadas de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, penas de prisión de entre 10 y 15 años, además de multas e inhabilitación especial. En el caso de personas jurídicas, suspensión total o parcial de actividades por hasta 10 años, impedimento para participar en determinadas licitaciones y concursos públicos durante el mismo período e incluso la cancelación de la personería jurídica.