La Justicia Federal reactivó la investigación contra Martín Insaurralde y Jésica Cirio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El juez Juan Tomás Rodríguez Ponte dispuso nuevas medidas destinadas a reconstruir comunicaciones, movimientos financieros y el patrimonio de los principales investigados. Entre las diligencias ordenadas, el magistrado solicitó a las compañías telefónicas información sobre las llamadas y mensajes entrantes y salientes de Insaurralde y Cirio. El pedido incluye fechas, horarios, duración y líneas involucradas, además de posibles registros que permitan establecer la ubicación de los teléfonos. La eventual geolocalización de los dispositivos podría aportar elementos para determinar si las grabaciones en las que Cirio aparece recorriendo un vestidor con fajos de dólares fueron realizadas desde su teléfono y si permiten ubicarla en la propiedad que Insaurralde tenía en Fincas de San Vicente. El expediente vuelve sobre los videos Rodríguez Ponte también ordenó que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) extraiga y analice los videos incorporados al expediente por la Fundación Apolo. El material audiovisual es una de las principales evidencias de la investigación. Una pericia realizada por la Policía Federal había determinado que el lugar que aparece en las imágenes coincide con un sector de la planta alta de la vivienda de San Vicente. Además, otro relevamiento detectó marcas y modificaciones en ese sector de la propiedad. En agosto, el juez había rechazado los planteos de la defensa de Insaurralde para excluir las grabaciones de la causa, por lo que continúan incorporadas al expediente. Revisan cuentas, sociedades y propiedades Las nuevas medidas judiciales también apuntan a reconstruir el patrimonio y los movimientos de dinero vinculados al exintendente de Lomas de Zamora. En ese marco, el Registro de la Propiedad bonaerense deberá informar si Sasaxa Libero S.A., una sociedad vinculada a Insaurralde, posee inmuebles registrados a su nombre. ARCA, por su parte, fue requerida para aportar información relacionada con la facturación de la empresa. La Justicia también solicitó datos bancarios a Banco Provincia, Banco Piano y Santander sobre cuentas relacionadas con el exfuncionario. Otra de las líneas de investigación conduce a Uruguay. Allí se busca obtener información sobre una cuenta bancaria que estaría vinculada con Insaurralde, como parte de las medidas destinadas a determinar si existieron fondos o movimientos financieros fuera del país. El expediente también contempla la propiedad de San Vicente y un préstamo que Cirio habría realizado a Insaurralde. En este punto, la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá informar si el escribano Cohen cumplió con las normas vigentes al certificar una firma de Cirio en enero de 2023. Una pericia marcó diferencias entre ingresos y gastos Una pericia contable realizada por especialistas de la Corte Suprema ya había detectado inconsistencias en la situación patrimonial de Insaurralde durante el período analizado. Según el informe, el exfuncionario declaró ingresos por $87.171.401, mientras que sus egresos alcanzaron los $99.975.141. Al cruzar ingresos, gastos y aplicaciones patrimoniales, los especialistas calcularon un saldo negativo acumulado de $19.647.220,14. Las nuevas medidas también alcanzan a Gastón Barrachina, sobrino de Insaurralde y uno de los socios de Sasaxa Libero S.A. La Justicia solicitó sus movimientos migratorios para reconstruir los viajes y salidas del país realizados durante el período bajo investigación. La causa comenzó en 2023 luego de que se difundieran imágenes del viaje de Insaurralde y Sofía Clerici a Marbella. Clerici fue sobreseída en agosto, aunque esa decisión fue apelada por la fiscalía y el fiscal ante la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, pidió que sea revocada para que la investigación en su contra continúe.