La Cámara Nacional Electoral advirtió que los plazos para modificar las reglas que regirán en las elecciones nacionales de 2027 comienzan a acortarse y reclamó que cualquier reforma sea aprobada con la suficiente anticipación para permitir su correcta implementación. El planteo quedó establecido en la Acordada Extraordinaria 155/2026, firmada por los camaristas Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas. A través del documento, el tribunal se dirigió al Congreso en relación con distintos proyectos vinculados al régimen electoral y al funcionamiento de los partidos políticos que ya se encuentran en condiciones de ser debatidos. La advertencia de la Justicia no estuvo relacionada con el contenido político de las iniciativas, sino con los tiempos necesarios para ponerlas en práctica. Entre las modificaciones que se encuentran bajo discusión aparece la posible eliminación o suspensión de las PASO, una medida que continúa dependiendo de las negociaciones entre el oficialismo, sus aliados y los distintos sectores de la oposición. Desde la Cámara Nacional Electoral señalaron que una modificación sustancial del sistema electoral requiere un período de adaptación tanto para los partidos políticos como para la propia Justicia electoral y los organismos responsables de organizar los comicios. En ese sentido, el tribunal citó diferentes recomendaciones internacionales que establecen la conveniencia de aprobar las modificaciones con una anticipación de entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso electoral. Además, hizo referencia a los criterios establecidos por la Comisión de Venecia, según los cuales los aspectos fundamentales del derecho electoral no deberían ser modificados durante el año previo a una elección. Con estos antecedentes, la Justicia electoral consideró necesario advertir al Congreso sobre la importancia de avanzar con tiempo suficiente en cualquier cambio que pueda afectar la organización de las elecciones de 2027. El debate también podría tener consecuencias para San Juan, ya que las modificaciones que se aprueben a nivel nacional podrían impulsar posteriormente una revisión de las normas electorales de la provincia y de su Código Electoral. Entre los aspectos que eventualmente podrían ser analizados aparecen la selección de candidatos, los requisitos para los partidos políticos, los mecanismos de votación y diferentes cuestiones vinculadas con la organización y fiscalización de los comicios. La Cámara Nacional Electoral remarcó que la aprobación de una nueva ley no representa el final del proceso. Una reforma también requiere adaptar procedimientos administrativos, reglamentarios y operativos, lo que demanda tiempo y planificación. Como antecedente, la Justicia Electoral recordó lo ocurrido durante las elecciones legislativas de 2025, cuando el Congreso dispuso la suspensión de las PASO mediante la Ley 27.783. A partir de esa modificación, la Cámara tuvo que establecer distintas pautas para que las agrupaciones políticas pudieran adecuar sus mecanismos internos y avanzar con la definición de sus candidatos sin la realización de primarias nacionales. Ahora, la nueva acordada fue remitida al Congreso de la Nación con el objetivo de que los proyectos relacionados con el régimen electoral, los partidos políticos y el financiamiento de las campañas sean tratados respetando los tiempos necesarios para su implementación. La decisión final estará en manos del Parlamento, mientras que en San Juan el debate nacional es seguido de cerca debido a las posibles repercusiones que podría generar sobre futuras modificaciones del sistema electoral provincial.