Los atrasos del Estado con las productoras de gas volvieron a crecer y alcanzaron los US$350 millones, entre obligaciones pendientes de Enarsa y compensaciones a cargo del Tesoro. La empresa estatal, encargada de administrar los contratos del Plan Gas.Ar, adeuda US$300 millones por gas recibido y no abonado. El 3 de septiembre venció la factura correspondiente al gas entregado durante junio, que representa el 100% del monto de ese mes, y quedó impaga. A esa obligación se suma el 10% de la factura correspondiente a mayo, que tampoco fue cancelado. La segunda parte de la deuda corresponde al Tesoro Nacional, que mantiene compromisos por unos US$50 millones con las mismas empresas en concepto de compensaciones del Plan Gas.Ar. Se trata de pagos destinados a cubrir la diferencia entre el precio acordado con las productoras y el valor que finalmente abonan los usuarios en sus facturas. Según las estimaciones del sector, esos US$50 millones corresponden a meses puntuales de 2024, 2025 y 2026. La cifra total de US$350 millones no contempla intereses por mora ni las compensaciones vinculadas con las cláusulas take or pay, que establecen penalidades cuando la empresa compradora no absorbe los volúmenes comprometidos. El Gobierno, por el momento, no reconoce ninguno de esos dos conceptos dentro de la deuda contabilizada. Una deuda menor en meses, pero mayor en monto El nivel de atraso cambió respecto de la situación registrada a fines de junio. En ese momento, Enarsa acumulaba facturas impagas correspondientes a enero, febrero y marzo por unos US$180 millones, mientras que el vencimiento de abril amenazaba con llevar el pasivo por encima de los US$260 millones. La preocupación de las empresas estaba puesta entonces en el invierno. El temor era que el arrastre de meses anteriores coincidiera con las facturas correspondientes al período de mayor consumo de gas y provocara un fuerte salto en el monto adeudado. Finalmente, el atraso se redujo en cantidad de meses, pero aumentó en valor. Junio es un período de mayor consumo, por lo que sus facturas tienen un monto superior al de los meses de menor demanda, mientras que las correspondientes a julio y agosto todavía no vencieron. En el sector habían advertido que, si continuaban los incumplimientos durante el invierno, la deuda podía alcanzar los US$500 millones. El escenario actual se encuentra por debajo de esa proyección, aunque todavía existe margen para que el pasivo aumente. Las empresas advierten por las inversiones La demora en los pagos vuelve a generar preocupación entre las principales productoras que participan del Plan Gas.Ar. Entre ellas se encuentran YPF, TotalEnergies, Tecpetrol, Pan American Energy, Vista, Shell, Chevron, Pluspetrol y Pampa Energía. En junio, las empresas habían canalizado sus reclamos mediante la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara Argentina de Energía (CADE). A través de cartas enviadas a la Secretaría de Energía, advirtieron que los atrasos afectan de manera negativa el flujo de fondos previsto para sostener sus inversiones. El principal riesgo señalado por las compañías es que la falta de liquidez termine afectando los planes de perforación y desarrollo de nuevos pozos. Hasta ahora, las productoras mantuvieron los niveles de inyección comprometidos en el programa, aunque la caja propia se convirtió en la principal fuente para sostener esas operaciones. La situación adquiere especial relevancia por el rol del gas de Vaca Muerta y la necesidad de mantener una producción creciente para atender la demanda interna y reducir la dependencia de importaciones. El antecedente de Cammesa Dentro de la industria también aparece una comparación recurrente con Cammesa, la empresa estatal encargada de administrar los despachos del sistema eléctrico. Según las productoras, esa compañía mantiene un esquema diferente porque paga sus obligaciones en tiempo y forma y reconoce intereses cuando registra demoras. Enarsa, en cambio, acumula nuevos vencimientos mientras todavía quedan por cancelar compromisos anteriores. Con las facturas de julio y agosto, correspondientes a los meses de mayor demanda invernal, todavía sin vencer, las empresas siguen atentas a la evolución de los pagos. El desafío para el Gobierno será evitar que la acumulación de obligaciones vuelva a trasladarse al sector energético y termine condicionando el ritmo de inversiones necesario para sostener el crecimiento de la producción de gas.