La Justicia de San Juan condenó a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo a Alejandro Esequiel Jofré, quien fue declarado responsable de 53 hechos de defraudación por engaño, en concurso real. La sentencia fue dictada luego de que el juez Matías Parrón homologara el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa. Como parte del acuerdo, Jofré reconoció los hechos que se le atribuían y admitió su autoría. Prometía ganancias de hasta el 50% La investigación estuvo encabezada por el fiscal Guillermo Heredia y se centró en una maniobra que, según la acusación, Jofré habría desarrollado mientras trabajaba como agente del Servicio Penitenciario Provincial. De acuerdo con la pesquisa, el condenado consiguió dinero de compañeros de trabajo, familiares, amigos y otras personas a través de supuestas inversiones que prometían rendimientos de hasta un 50% en períodos de entre 30 y 60 días. Para generar confianza, se presentaba como inversor y financista y hacía referencia a distintos emprendimientos, negocios y presuntos vínculos con la Municipalidad de Angaco. La Fiscalía también determinó que mostraba vehículos, saldos bancarios y otros elementos destinados a proyectar una imagen de solvencia económica. En algunos casos, incluso habría devuelto inicialmente parte del capital y los intereses prometidos. Según la investigación, ese mecanismo permitió fortalecer la confianza de los damnificados y favorecer nuevas entregas de dinero. 53 hechos y más de $264 millones de perjuicio La causa estableció 53 hechos independientes de estafa y calculó un perjuicio económico total de $264.395.400. En conjunto, las víctimas llegaron a entregar más de $323 millones, mediante transferencias bancarias, billeteras virtuales y dinero en efectivo. Una parte de esos fondos fue posteriormente restituida, lo que explica la diferencia entre el dinero entregado y el perjuicio finalmente establecido. La mayoría de los damnificados eran agentes del Servicio Penitenciario Provincial, aunque también fueron afectados policías, empleados municipales, comerciantes, profesionales, jubilados y familiares de otras víctimas. Una investigación con más de 180 comprobantes Para reconstruir la maniobra, la Fiscalía reunió 53 denuncias, más de 180 comprobantes de transferencias y operaciones con billeteras virtuales, además de conversaciones de WhatsApp, pagarés y documentación relacionada con las operaciones. También se incorporaron informes de entidades financieras y organismos públicos para determinar quiénes eran los titulares de las cuentas utilizadas y seguir el recorrido del dinero. Según la acusación, los fondos fueron transferidos en numerosas oportunidades a cuentas pertenecientes al propio Jofré, familiares, su pareja y terceros que habrían sido indicados por él. La pesquisa también permitió establecer que varias de las actividades comerciales y financieras utilizadas como supuesto respaldo de las inversiones no existían o no pudieron ser verificadas. Qué resolvió la Justicia sobre los bienes Al momento de establecer la pena, la Fiscalía tuvo en cuenta la cantidad de víctimas, el monto del perjuicio, la duración de la maniobra, la cantidad de hechos y el aprovechamiento de relaciones laborales y de confianza. Como elementos favorables al condenado se consideraron, entre otros aspectos, la ausencia de antecedentes penales, su edad, el reconocimiento de los hechos y el sometimiento al proceso. Además de la condena, la sentencia dispuso mantener y actualizar las medidas cautelares sobre el patrimonio de Jofré hasta cubrir el monto del perjuicio. También se contempló el decomiso de los bienes que correspondan y la devolución de los efectos secuestrados que hayan sido identificados como propiedad de los damnificados.