La decisión de la Justicia bonaerense de suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno de Javier Milei y la administración de Axel Kicillof. Referentes del oficialismo nacional cuestionaron al gobernador y apuntaron contra la política de seguridad de la provincia luego de que una jueza frenara la implementación de la norma que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La resolución fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La magistrada argumentó que la provincia no cuenta con las condiciones edilicias, institucionales y profesionales necesarias para afrontar el nuevo esquema. Tras conocerse el fallo, Diego Santilli, Patricia Bullrich y Luis Petri salieron a cuestionar tanto la decisión judicial como la gestión bonaerense. Bullrich apuntó directamente contra Kicillof a través de sus redes sociales. “En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, afirmó. La senadora de La Libertad Avanza también cuestionó a la Justicia provincial y sostuvo que existe un sector “garantista” que, según su interpretación, permite que quienes cometen delitos permanezcan en libertad. Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, cuestionó el silencio de Kicillof frente a la suspensión del régimen. “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia, si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune”, sostuvo. Y agregó: “Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”. El ministro de Defensa, Luis Petri, también criticó la decisión judicial y apuntó contra la magistrada. “El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo”, afirmó. Petri defendió la reforma aprobada por el Congreso y sostuvo: “Aprobamos esta ley para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores; no hay excusa para no aplicarla”. La ofensiva oficialista combinó las críticas al fallo con cuestionamientos a la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Bullrich sostuvo que los bonaerenses viven “con miedo” y cuestionó lo que definió como una Justicia provincial “garantista”. En tanto, Petri apuntó directamente contra la administración de Kicillof y sostuvo que “las víctimas no pueden seguir pagando la improvisación y el abandono” del gobierno provincial y de la Justicia. La controversia se da apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que estableció el nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional. La normativa reemplazó el sistema vigente desde 1980 y redujo de 16 a 14 años la edad mínima para que determinados adolescentes queden alcanzados por el sistema penal. Este lunes, además, fue reglamentada por el Gobierno nacional. El fallo de Pascual no cuestionó solamente el contenido de la nueva ley, sino principalmente las condiciones con las que cuenta la provincia para ponerla en funcionamiento. La jueza advirtió sobre la posibilidad de que aumente la cantidad de adolescentes privados de su libertad y puso bajo análisis si el Estado bonaerense dispone de “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez”. La magistrada también recordó que su propio juzgado había establecido previamente un límite de 60 adolescentes para un centro socioeducativo de Lomas de Zamora debido a problemas vinculados con las condiciones de habitabilidad. En este contexto, sostuvo que la implementación del nuevo régimen sin una infraestructura adecuada podría afectar los derechos de los adolescentes y generar mayores niveles de hacinamiento dentro del sistema. Como parte de la resolución, Pascual convocó a una audiencia para el próximo 16 de septiembre. Allí, funcionarios bonaerenses deberán informar qué medidas fueron adoptadas y cuáles se prevén implementar para adecuar el sistema a las exigencias del nuevo régimen. Mientras tanto, la aplicación de la Ley 27.801 permanecerá suspendida preventivamente en territorio bonaerense durante 60 días. La medida busca que, durante ese período, la Provincia pueda acreditar que cuenta con los recursos y condiciones necesarios para incorporar al sistema a los adolescentes alcanzados por la reforma.