Lo que comenzó como una detención por una contravención en 9 de Julio terminó convirtiéndose en una causa que puso bajo investigación a cinco efectivos de la Policía de San Juan. Este viernes, la Justicia formalizó la Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra los uniformados de la Comisaría 31ª de Las Chacritas, acusados de haber protagonizado una violenta agresión contra un joven de apellido Pasten, quien habría sufrido una fractura en una de sus piernas dentro de la dependencia policial. La audiencia de formalización se realizó luego de que la denuncia de la madre de la víctima saliera a la luz el pasado 18 de julio. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Iván Grassi, acompañado por las ayudantes fiscales Gimena Cornejo y Agustina Plateo, mientras que la querella quedó a cargo de los abogados Cristian Ferré y Adrián Berni. La defensa de los cinco policías fue ejercida por la penalista María Filomena Noriega. Los efectivos investigados, que aquella noche cumplían funciones en el turno de guardia entre las 22:00 y las 07:00, fueron identificados como el cabo José Gabriel Páez (38) y los agentes Miguel Alejandro Saldaña (26), Lucas Ortiz (28), Hernán Ochoa (25) y Fabián Atencio (30). De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el episodio comenzó cerca de las 23:30, cuando Pasten fue detenido por una presunta infracción a los artículos 98, 109, 117 y 118 de la Ley 941-R (Código de Faltas). Una vez trasladado a la Comisaría 31ª, los investigadores sostienen que el joven fue llevado hacia un sector denominado como “punto ciego”, una zona de la dependencia que no estaba alcanzada por las cámaras de seguridad. Allí, según la acusación, los efectivos le habrían exigido que se quitara la ropa. Los registros de audio de la comisaría permitieron reconstruir parte de lo ocurrido. Según el MPF, en ese lugar se inició una discusión entre el detenido y el cabo Páez, tras lo cual los otros cuatro policías se acercaron y rodearon al joven. En ese contexto, la Fiscalía sostiene que el agente Hernán Ochoa realizó una maniobra violenta que provocó que Pasten cayera contra el suelo y sufriera una fractura de peroné en su pierna derecha. Para los investigadores, el resto de los efectivos presentes no intervino para detener la agresión. Luego de la lesión, el joven fue llevado al calabozo con fuertes dolores y dificultades para caminar. Sin embargo, la acusación indica que minutos después Ochoa, Saldaña y Páez habrían ingresado nuevamente a la celda, lo habrían tirado al piso y arrastrado otra vez hacia el sector sin cámaras y posteriormente al baño. Los audios de la dependencia policial son considerados una de las principales pruebas de la causa, ya que registraron los gritos de dolor de la víctima durante el segundo episodio. A pesar de la lesión, Pasten permaneció en la comisaría durante toda la madrugada. Recién alrededor de las 10 de la mañana del día siguiente fue llevado ante un médico legista, quien confirmó la fractura. Según la Fiscalía, la lesión le demandará al menos 35 días de recuperación, salvo complicaciones. “Mi hijo me contó que le pegaron y le fracturaron la pierna. Uno solo lo fracturó, pero dijo que estaban los cinco”, había declarado la madre del joven al presentar la denuncia que dio inicio a la investigación. Con los elementos reunidos, el fiscal Grassi solicitó un plazo de un año para avanzar con la Investigación Penal Preparatoria y detalló la situación procesal de cada uno de los policías: Hernán Ochoa: quedó imputado por apremios ilegales y lesiones graves agravadas por su condición de funcionario público. Al ser señalado como quien habría provocado la fractura, la Fiscalía pidió prisión preventiva por 15 días, al considerar que existe riesgo de fuga y posibilidad de entorpecimiento de la investigación. El juez Alberto Caballero hizo lugar al pedido. José Gabriel Páez y Miguel Alejandro Saldaña: fueron imputados por vejaciones y apremios ilegales, debido a su presunta participación en los maltratos posteriores al hecho. Lucas Ortiz y Fabián Atencio: quedaron acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar la Fiscalía que no intervinieron pese a haber presenciado los hechos. Para estos últimos cuatro efectivos, el Ministerio Público Fiscal no solicitó prisión preventiva, aunque sí pidió que continúen el proceso bajo estrictas condiciones: no interferir en la investigación, presentarse mensualmente en la comisaría más cercana a sus domicilios, no salir de la provincia sin autorización judicial, no acercarse entre ellos ni a la Comisaría 31ª y cumplir funciones en una dependencia diferente a la de Las Chacritas mientras avance la causa.