El Gobierno nacional oficializó una reforma del sistema de fiscalización de alimentos con la disolución del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y el traspaso de sus funciones al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y al Ministerio de Salud. La medida fue establecida mediante el Decreto 697/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma también introduce cambios en el Código Alimentario Argentino al fijar, por primera vez, un plazo máximo para su actualización. Con esta reorganización, el SENASA asumirá las tareas de registro, control y fiscalización de alimentos, mientras que el Ministerio de Salud concentrará la elaboración de políticas sanitarias vinculadas a la alimentación. Entre los primeros objetivos figura la revisión del uso de colorantes y saborizantes en alimentos procesados. Según explicó el Ejecutivo, la reforma busca diferenciar las funciones operativas de fiscalización de aquellas relacionadas con el diseño de políticas públicas. En ese marco, destacó que el SENASA cuenta con una estructura federal, laboratorios e inspectores distribuidos en todo el país, lo que permitirá fortalecer los controles. Además de absorber las competencias que ejercía el INAL, el organismo sanitario tendrá a su cargo la fiscalización de las importaciones de alimentos y la supervisión de los establecimientos habilitados. Otro de los ejes de la iniciativa es la creación de una Base Única de Datos que reunirá la información de productos y establecimientos registrados, con el fin de simplificar los trámites administrativos y mejorar la trazabilidad de los alimentos. La normativa también apunta a reducir la burocracia al eliminar procedimientos considerados redundantes y reconocer certificaciones sobre aditivos, ingredientes y procesos emitidas por países con sistemas de control equivalentes o que adopten los estándares del Codex Alimentarius. En el plano regulatorio, el decreto establece que las modificaciones al Código Alimentario Argentino deberán resolverse en un plazo máximo de 45 días hábiles, con el objetivo de agilizar las actualizaciones y brindar mayor previsibilidad al sector. La reforma incorpora además cambios en el comercio exterior. En el caso de los alimentos envasados destinados a la venta directa, se implementarán controles posteriores al ingreso al país para reducir los tiempos de comercialización. Asimismo, las exportaciones deberán ajustarse a las exigencias sanitarias del país de destino y las certificaciones serán emitidas por un único organismo con reconocimiento internacional. Tras la eliminación del INAL, el Ministerio de Salud conservará las funciones vinculadas al desarrollo de políticas alimentarias y trabajará junto con la Secretaría de Agricultura en la definición de los criterios que integran el Código Alimentario Argentino, mientras que el SENASA quedará como autoridad encargada de verificar el cumplimiento de la normativa vigente.