Tras un año de escuchas, seguimientos y allanamientos, la Justicia Federal avanzó con fuerza contra una red narco que operaba desde el interior del Servicio Penitenciario Provincial (SPP). A pedido del fiscal Fernando Alcaraz, el juez federal Leopoldo Rago Gallo procesó a 11 personas por comercialización de estupefacientes agravada, tanto por actuar como organización criminal como por vender droga dentro de una cárcel. La causa establece un plazo de 90 días de investigación adicional, con prisión preventiva para 10 de los imputados. Una mujer, embarazada de alto riesgo, fue la única en recuperar la libertad. Según la documentación bancaria y los movimientos en billeteras virtuales, la banda habría movido unos 590 millones de pesos en un año, aprovechando la demanda interna en los pabellones. Uno de los ejes de la investigación fueron las escuchas, que revelaron que Danisa Yasmín Aveiro era el nexo externo: introducía droga para su pareja, Cristian Jesús Latorre, preso en Chimbas. En su celda (la 101) hallaron 47 gramos de cocaína. También quedaron involucrados otros internos como Leonardo Jesús Arias, ya condenado por narcotráfico, y Sebastián Humberto Tobal, acusado de liderar un pabellón. A este último, condenado a 20 años por el crimen de Ángel “Huevito” Amado, le secuestraron una gran cantidad de pastillas en su celda (la 104). La red se completaba con familiares y allegados que colaboraban desde el exterior: María Fernanda Ormeño, pareja de Tobal, tenía en su casa 425 gramos de marihuana, una pistola 9 mm, pastillas y nueve celulares. Carlos Alberto Ormeño, preso por robo, vendía droga que habría recibido de su pareja, Rocío Rojas, quien tenía en su poder cocaína, una balanza y una campera similar a la del personal penitenciario. Gustavo Martín Chávez Ganga, otro condenado por narcotráfico, también fue implicado por operar desde adentro. El mediagüino Franco Mario Escoda y su madre, Sonia Graciela Ontiveros, fueron señalados por participar en la logística. Ricardo David Morales, en cuya vivienda secuestraron cocaína y marihuana. Rocío Rojas fue la única excarcelada, por razones de salud, a pedido de su abogado Claudio Vera. La causa sigue abierta. Aún permanecen prófugos Leonardo Saavedra (presunto proveedor), dos mujeres apellidadas Silva y Luna, y un hombre de apellido Garrido. Tampoco se descarta la posible complicidad de agentes del SPP, especialmente tras el hallazgo de una campera oficial en uno de los operativos.