La Defensora del Pueblo de San Juan, Florencia Peñaloza, informó que presentó ante la Justicia Federal una acción judicial para anular los actos administrativos que ordenaron la suspensión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez. “Solicitamos la nulidad de esas resoluciones, la inconstitucionalidad del decreto nacional que las respalda y una medida cautelar para que se reactiven los beneficios suspendidos y se protejan los que continúan vigentes”, explicó Peñaloza durante su participación en el programa Todos Vivos. La demanda surge tras las denuncias de decenas de personas con discapacidad que fueron dadas de baja de manera irregular de sus pensiones. “Detectamos la necesidad de impulsar una acción colectiva en representación de sanjuaninos y sanjuaninas en situación de vulnerabilidad extrema, ya que se les vulneraron derechos sobre un beneficio que cumple una función alimentaria fundamental”, señaló la defensora. Peñaloza destacó que el proceso nacional de auditorías estuvo marcado por numerosas irregularidades administrativas. “Se aplicaron recortes de forma arbitraria y muchos beneficiarios que cumplían con todos los requisitos legales fueron suspendidos injustamente”, afirmó. Entre las fallas detectadas, mencionó problemas en los sistemas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “Algunos casos de suspensión se debieron a que los correos electrónicos enviados para notificar rebotaban debido a fallas y colapsos en las plataformas oficiales. Esta ineficiencia perjudicó a los beneficiarios, quienes no tuvieron responsabilidad alguna”, remarcó. La defensora subrayó la urgencia de la medida: “Estamos ante un gran número de personas con discapacidad que necesitan protección inmediata para evitar la vulneración de sus derechos”. Situación en otras provincias Esta acción se suma a reclamos similares en Catamarca, La Rioja, Salta y Misiones. Recientemente, la Justicia dictó una medida cautelar en Catamarca para restablecer las pensiones por invalidez, representando un nuevo revés para el Gobierno tras la caída del veto a la ley de emergencia en discapacidad. El juez federal N.º 2 de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, ordenó a ANDIS restituir los beneficios a todos los titulares afectados en esa provincia. Una decisión semejante se tomó la semana pasada en La Rioja. La medida cautelar fue presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM) y cuenta con el patrocinio del defensor del Pueblo. Así, Catamarca se convirtió en la segunda provincia en obtener un fallo favorable, mientras que Misiones y Salta también reclaman y aguardan la sentencia.