Por tercera vez en una semana, la Escuela Barrio Ejército de Los Andes (ubicada en el departamento Rawson, sobre calle José López entre Portugal y Estados Unidos) fue evacuada de forma preventiva durante la mañana de este viernes 19 de septiembre de 2025, tras recibirse una nueva amenaza de bomba. Ante la reiteración de estos hechos que interrumpen las clases y movilizan importantes recursos de seguridad, la Justicia y el Ministerio de Educación intensificaron las acciones, lo que derivó en las primeras detenciones e investigaciones formales. El fiscal de la UFI Genérica, Alejandro Mattar, confirmó la detención de un joven de 20 años, identificado como Axel Muñoz, quien vive en las inmediaciones del establecimiento. Muñoz cuenta con antecedentes penales: en abril de 2025 fue condenado a tres años de prisión en suspenso por los delitos de abuso sexual simple, lesiones leves (dos hechos), exhibiciones obscenas y desobediencia a una orden judicial (dos hechos), en una causa donde se probó que había hostigado gravemente a una adolescente. Además, Mattar informó que se notificó a la Justicia de Menores sobre la presunta participación de al menos dos adolescentes de 16 años. Uno de ellos ya quedó a disposición del Juzgado de Menores. Como parte de la investigación, este viernes se llevaron a cabo tres allanamientos, en los que se secuestraron teléfonos celulares. Las autoridades no descartan que, tras el análisis de llamadas y mensajes, puedan surgir nuevos involucrados, tanto mayores como menores de edad.   Acciones judiciales y demandas millonarias Frente a esta situación, la Fiscalía de Estado anunció que iniciará "severas medidas judiciales" para enfrentar este tipo de delitos. A partir de la próxima semana se presentarán las primeras demandas civiles por daños y perjuicios contra los responsables de las amenazas. Las acciones alcanzarán tanto a mayores de edad como a padres o tutores de los menores involucrados. El objetivo es obtener un resarcimiento económico por los costos que implican los operativos de evacuación y seguridad. El monto mínimo reclamado será de $4 millones por cada amenaza, aunque podría incrementarse según los daños causados. Desde lo penal, el delito se encuentra tipificado como intimidación pública en el artículo 211 del Código Penal. La Fiscalía de Estado se constituirá como querellante en los procesos contra mayores de edad, mientras que en el caso de menores se evaluará su ingreso al Programa de Justicia Restaurativa Juvenil. Campaña de concientización en las escuelas Como complemento a las medidas judiciales, el Ministerio de Educación lanzará una estrategia preventiva en las aulas. El próximo martes 23 de septiembre, se llevará a cabo una jornada de concientización simultánea en todas las escuelas de la provincia. La actividad estará dirigida a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, y a todos los niveles del secundario, franjas etarias donde se concentran la mayoría de los casos reportados. La campaña busca generar conciencia sobre las consecuencias legales, económicas y sociales de realizar amenazas falsas, así como visibilizar el impacto negativo que estas acciones tienen sobre la comunidad educativa y los servicios de emergencia.