La causa conocida como los Cuadernos de las Coimas ingresó en una etapa clave. El Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) deberá decidir en los próximos días si acepta las propuestas económicas presentadas por empresarios y exfuncionarios imputados como arrepentidos, quienes buscan extinguir la acción penal mediante la figura de la reparación integral. Los montos ofrecidos En total, figuran cerca de 46 imputados que ofrecieron compensaciones por más de 12 millones de dólares, además de propiedades y bienes de lujo. A continuación, los nombres más relevantes de la lista y las cifras ofrecidas: Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri y exdueño de IECSA, propuso pagar USD 1.684.442. Alegó que los fondos fueron aportes de campaña no declarados, no sobornos, pero su argumento fue rechazado por la Justicia. Ernesto Clarens, financista clave en la trama, ofreció un departamento y un yate en Miami, valuados en casi USD 1,5 millones. Aldo Roggio, ex titular del Grupo Roggio, propuso USD 1.267.108. Otros aportes destacados: Benjamín Romero (Hidrovías/Ferrovías), USD 344.840; Gabriel Pedro Losi (Luis Losi SA), USD 557.630; Cristóbal López y Fabián De Sousa, USD 683.029. También hay cifras significativamente menores: Mario Marcussi, empresario: USD 203. Alberto Taselli, vinculado al sector energético: USD 10.000. Entre los funcionarios, se destacan: Fabián García Ramón, exdirector de Energías Renovables: casi USD 1 millón. Juan Manuel Abal Medina, exjefe de Gabinete de CFK, reconoció haber recibido dinero para la campaña de 2013 y ofreció USD 40.000 como reparación. La posición de la fiscalía: “No se vende impunidad” La fiscal federal Fabiana León rechazó de plano las propuestas económicas. Durante una audiencia virtual con más de 70 imputados, fue tajante: “En esta fiscalía no se vende impunidad. No hay precio para el daño institucional causado. No es solo patrimonial: erosiona la confianza pública y la legitimidad del Estado”. También se opuso la Unidad de Información Financiera (UIF). Su representante, Mariano Galpern, advirtió: “Aceptar la reparación integral en este caso sería mercantilizar la corrupción y convertir el proceso penal en una transacción económica, reemplazando la igualdad ante la ley por el poder adquisitivo”. La defensa: “No es impunidad” Las defensas legales de los acusados contraargumentaron que la reparación integral está contemplada en el artículo 59, inciso 6 del Código Penal, y que no implica impunidad ni es un beneficio exclusivo para quienes tienen dinero. Incluso algunos abogados sostuvieron que la fiscalía apunta solo a empresarios y no a funcionarios, lo cual (aseguran) afecta el principio de igualdad ante la ley. No obstante, el TOF 7 rechazó las recusaciones contra la fiscal León. El tribunal y la decisión en cuenta regresiva El TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, deberá resolver si acepta las propuestas y cierra parcialmente la causa, o si, como pide la fiscalía, el expediente avanza hacia el juicio oral previsto para el 6 de noviembre. La expectativa es alta. La resolución definirá si uno de los casos de corrupción más emblemáticos de las últimas décadas se resuelve con compensaciones económicas o si los acusados enfrentarán finalmente el juicio más esperado de los últimos años.