El Gobierno nacional aún no implementa la Ley de Emergencia en Discapacidad, a pesar de haber sido ratificada por el Congreso tras el rechazo al veto presidencial. Javier Milei había objetado la norma argumentando que implicaría un gasto fiscal insostenible, pero ambas cámaras legislativas anularon esa decisión y validaron su vigencia. Desde la Casa Rosada estudian diversas estrategias para postergar la aplicación de la medida. Entre las opciones se baraja recurrir a la Justicia, modificar la reglamentación o directamente suspender su puesta en marcha hasta que exista un pronunciamiento judicial sobre los reclamos de la oposición. Los equipos técnicos del Ejecutivo, liderados por la Procuración del Tesoro y con el asesoramiento cercano a Santiago Caputo, analizan cómo implementar la norma bajo un criterio de “ajuste presupuestario”. No obstante, la ley establece de forma explícita que la reglamentación debe publicarse dentro de los 30 días posteriores a su sanción, plazo que ya está en curso. Uno de los puntos más polémicos es la extensión de las pensiones no contributivas a todas las personas con Certificado Único de Discapacidad. Actualmente, hay cerca de 1,9 millones de beneficiarios que, según lo aprobado, tendrían derecho a cobrar el 70% de la jubilación mínima junto a un bono mensual de 70 mil pesos. El diputado Daniel Arroyo, impulsor del proyecto, advirtió que el Ejecutivo no puede desconocer esta obligación legal. En sus palabras, la Agencia Nacional de Discapacidad debe activar de inmediato los mecanismos para la aplicación, ya que “una ley es de cumplimiento obligatorio y no una opción del Gobierno”. En la misma línea, Oscar Agost Carreño, legislador de Encuentro Federal, responsabilizó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la falta de avances. El dirigente advirtió que, si no se realiza la reasignación de partidas exigida por la ley, el Congreso podría interpelarlo o incluso iniciar una moción de censura, mecanismo constitucional que puede llevar a su remoción del cargo.