El presidente Javier Milei oficializó este jueves el veto a la ley que establecía un reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. La norma, aprobada recientemente por el Congreso con respaldo de bloques opositores, era resistida por la Casa Rosada, que advertía que su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal del Estado nacional. Tras reiteradas críticas públicas a la medida, Milei firmó el decreto correspondiente y lo envió al Senado, que ahora deberá decidir si insiste con la sanción original. Para dejar el veto sin efecto y mantener vigente la ley, la Cámara Alta deberá reunir una mayoría de dos tercios. El veto se da en un contexto complejo: mientras el Gobierno intenta retomar el diálogo con las provincias tras la derrota electoral en Buenos Aires, los gobernadores ven en esta decisión un gesto contradictorio. De hecho, el rechazo a la norma ocurre en paralelo al relanzamiento de la "mesa federal", el espacio de negociación política inaugurado por el oficialismo para encarar reformas tributarias y laborales. Los ATN son fondos retenidos antes de la distribución de la coparticipación federal, cuya administración queda en manos del Poder Ejecutivo. Se destinan a situaciones de emergencia o desequilibrio financiero en las provincias. En los últimos meses, varios mandatarios provinciales denunciaron una retención indebida de esos recursos, lo que motivó el impulso legislativo para establecer criterios automáticos y objetivos en su reparto. Con el apoyo de la oposición, el proyecto fue aprobado en ambas cámaras, en medio de una creciente tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores. El veto, ahora, deja en manos del Senado la posibilidad de revertir la decisión presidencial, aunque para ello será necesario alcanzar una mayoría calificada que no está garantizada. En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo defiende el uso discrecional de los ATN y rechaza el esquema aprobado por el Congreso. “La posibilidad de asignar discrecionalmente los recursos del Fondo no responde a un diseño legislativo caprichoso e injustificado sino a una necesidad estructural del federalismo argentino”, sostiene el texto. Y añade: “El proyecto sancionado pretende reconducir tales recursos hacia un esquema de distribución automática conforme a los coeficientes de coparticipación general, lo cual altera su finalidad y priva al Estado Nacional de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios”. El nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, había asumido con la misión de recomponer la relación con las provincias. En sus primeras declaraciones, señaló su intención de "tender puentes" y abrir canales de diálogo para evitar nuevas derrotas políticas. Sin embargo, la decisión de vetar esta ley podría tensar aún más ese vínculo. Este jueves, en el marco de la mesa federal, el Gobierno se reunió con los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), todos cercanos al oficialismo. El objetivo declarado es avanzar en una agenda de reformas, aunque la principal demanda de los mandatarios continúa siendo el aumento de recursos para las provincias. Con ese objetivo, el presidente delegó en el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el rol de interlocutor principal con los gobernadores, confiando en su buen vínculo político para destrabar la negociación y garantizar apoyo legislativo a la agenda del Ejecutivo.