Este jueves 11 de septiembre comenzará una audiencia clave para definir el futuro del decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad, donde el Tribunal Oral Federal 2 ha fijado un total de $685.000.000.000 como el monto a reparar. En este contexto, la expresidenta cuestiona el uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) utilizado para calcular dicha cifra, argumentando que el decomiso total debería ser de solo $42.000 millones, según los cálculos de sus peritos, quienes basan su estimación en la tasa pasiva promedio del Banco Central. Además, Cristina sostiene que debe ser la justicia civil y comercial federal la encargada de llevar a cabo el proceso. El Tribunal que escuchará los argumentos de las partes será la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña. Durante la audiencia, también estarán presentes las defensas de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, quien también ha cuestionado el decomiso, ya que considera que esa tarea ya está siendo llevada a cabo en la causa Ruta del Dinero K por otro tribunal. Borinsky, presidente de la Cámara, confirmó que los recursos de casación presentados por Cristina Kirchner serán analizados de forma conjunta. La decisión sobre el índice de actualización del monto de decomiso ya había sido rechazada previamente por el TOF 2. El 17 de junio, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta. En consecuencia, se fijó el decomiso de los bienes correspondientes al daño causado al Estado por la mala gestión en las obras públicas. Los fiscales Diego Luciani y Mola están encargados de identificar los inmuebles de Cristina Kirchner. A partir de la acordada de la Corte Suprema, existe la posibilidad de que algunos de estos bienes sean asignados a la Corte Suprema o al Consejo de la Magistratura para su uso en el sistema judicial. En cuanto a los inmuebles, los fiscales han identificado al menos dos propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, departamentos en el Madero Center, y 24 propiedades en el sur del país. Sin embargo, aún persisten debates legales sobre si estos inmuebles deben subastarse o pasar a manos del Estado. La Corte Suprema ha planteado que, si no se avanza con la venta inmediata de los bienes secuestrados, se puedan firmar convenios con provincias, municipios o entidades de bien público para darles un uso social prioritario, como programas educativos, de salud o asistencia a víctimas. Este jueves, las partes expondrán sus argumentos sobre los recursos de casación, y el tribunal tendrá cinco días para resolver.