Tras el veto a la ley de financiamiento universitario, la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Frente Gremial y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocaron a una movilización federal para el día en que el Congreso fije el tratamiento de la anulación presidencial de la norma, que podría ser el 17 o 24 de septiembre. Además, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) anunció un paro para este viernes en todas las casas de altos estudios nacionales. La comunidad universitaria ya había anticipado la convocatoria bajo la consigna: “Si hay veto, hay marcha”. En un comunicado conjunto, la FUA, el CIN y el Frente Gremial destacaron que esta movilización se caracterizará por la confluencia del sector universitario con otros sectores, como la salud pública, específicamente la lucha que lidera el hospital Garrahan. “El Gobierno nos obliga a convocar a toda la sociedad para defender no solo un reclamo universitario, sino el futuro del país”, afirmó Joaquín Carvalho, titular de la FUA. Por su parte, Jorge Anró, secretario adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (Fatun), expresó: “Ni las universidades, ni los hospitales, ni los jubilados y discapacitados pueden ser las variables de este ajuste. La sociedad lo manifestó en las elecciones bonaerenses, y quienes gobiernan tienen el deber de escucharlo”. La ley, aprobada por el Senado el 22 de agosto, establecía que el Poder Ejecutivo debía actualizar mensualmente, según la inflación, los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. Además, contemplaba una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley y obligaba al Gobierno a convocar a paritarias. Un proyecto similar fue aprobado el año pasado, pero luego vetado por el Presidente, lo que generó una acumulación de dos años en la variación del índice de precios al consumidor (IPC). Esta situación coincidió con ejercicios en los que la administración pública funcionó sin un presupuesto aprobado por el Congreso, sino prorrogado. “Esa decisión provocó una caída de casi la mitad del poder adquisitivo de los salarios. Este año la situación se agravó porque la recomposición salarial no logró compensar la inflación, lo que llevó a la UBA a declarar la emergencia salarial en marzo”, señalaron los decanos en un comunicado reciente. El proyecto fue aprobado por el Senado con 58 votos a favor, 10 en contra (siete de La Libertad Avanza y tres de Pro) y tres abstenciones.