Este miércoles, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el veto a la ley de financiamiento universitario, mientras la oposición evalúa la posibilidad de convocar una sesión especial el próximo miércoles para intentar rechazarlo. La ley había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con una amplia mayoría de 158 votos a favor, aunque no alcanzó los dos tercios necesarios para revertir un veto. Esa mayoría especial será imprescindible para que la oposición pueda insistir con el proyecto original. En esa misma sesión también se aprobaron la declaración de emergencia en pediatría, en respuesta a la crisis del Hospital Garrahan, y el reparto automático a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), medidas que también serán vetadas por la Casa Rosada. Sin embargo, esos vetos aún no fueron enviados al Congreso, y el plazo para hacerlo vence este jueves. La ley vetada por Milei fue impulsada inicialmente por el sector radical disidente de Democracia para Siempre, en conjunto con los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La norma establece que los gastos de funcionamiento de las casas de estudio, hospitales universitarios y partidas para investigación deben actualizarse automáticamente según la inflación. Además, ordena la convocatoria a paritarias en un plazo de tres meses para recomponer los salarios docentes y no docentes, y aumentar las becas, entre otros puntos. Desde un principio, la Casa Rosada rechazó la iniciativa alegando que su costo fiscal era excesivo y que podría comprometer el superávit fiscal, considerado pilar del plan económico del Gobierno. En el veto, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo sostiene que el proyecto incumple el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe detallar claramente las fuentes de financiamiento. El Gobierno señala que las fuentes propuestas, como ingresos recaudados por encima de lo presupuestado y reasignación de partidas, son “genéricas” y no se vinculan directamente con los nuevos gastos, por lo que no garantizan la suficiencia ni la disponibilidad de recursos. Además, advierte que la implementación de la ley implicaría un incremento significativo y no financiado del gasto público, con un costo estimado superior a un billón de pesos para 2025, poniendo en riesgo la estabilidad fiscal y la sostenibilidad macroeconómica. El Ejecutivo sostiene que ese gasto “sin respaldo real” sólo podría financiarse con emisión monetaria, lo que a su vez aumentaría la inflación y afectaría principalmente a los sectores más vulnerables. Esta es la segunda vez que el presidente Milei veta una ley destinada a aumentar el financiamiento universitario. El año pasado ya logró bloquearla con el apoyo de un tercio de los votos en Diputados, respaldado por algunos gobernadores y sectores radicales que hoy forman parte del interbloque oficialista. En estos momentos, la oposición analiza convocar a una sesión la semana próxima para debatir el rechazo al veto. Los sectores más duros consideran que llevar el tema al recinto cuanto antes sería una oportunidad para aprovechar la debilidad del Gobierno tras la derrota electoral en Buenos Aires y las tensiones con los gobernadores. Este jueves por la mañana se realizará una reunión clave entre los secretarios parlamentarios de los bloques opositores para definir la estrategia a seguir. También están pendientes los vetos a la declaración de emergencia por Bahía Blanca y a la moratoria previsional.