La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza con nuevas medidas judiciales que apuntan a desentrañar el supuesto entramado de contrataciones irregulares entre el organismo y la droguería Suizo Argentina. Mientras la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ya revisó buena parte de los contratos en cuestión, los investigadores ahora intentan acceder al respaldo completo del teléfono celular de Diego Spagnuolo, el exdirector del organismo que fue apartado tras la filtración de audios donde denuncia pedidos de coimas. El contenido del celular de Spagnuolo es considerado una pieza clave. Según confirmaron fuentes judiciales, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) ya informó que no podrá recuperar los mensajes eliminados del dispositivo, lo que limita la posibilidad de confirmar si allí había comunicaciones con altos funcionarios como el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei o Eduardo “Lule” Menem. Spagnuolo, por ahora, se mantiene recluido en su casa, habla únicamente con su círculo íntimo y sus abogados, y aguarda poder acceder al expediente para definir si se presenta como arrepentido. En paralelo, la Justicia avanza con la apertura de otros teléfonos secuestrados en el marco de la investigación. Ya lograron extraer el contenido de tres dispositivos pertenecientes a Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud: el suyo personal, el de su esposa y uno más antiguo, que no contenía información relevante. La información extraída será analizada en una segunda etapa del proceso. Los próximos en la mira son los hermanos Jonathan y Eduardo Kovalivker, dueños de Suizo Argentina. Sus teléfonos fueron incautados, pero aún no se logró acceder a su contenido. La negativa a entregar las claves fue defendida por su abogado Martín Magran, quien advirtió: “Un celular tiene información sensible. No es que no las entregan porque tengan algo que esconder. Están expuestos a un escarnio público con fotos familiares o videos personales, como uno en el que Eduardo Kovalivker lee poesía”. No obstante, fuentes judiciales confirmaron que será la DATIP quien intente finalmente acceder a esos contenidos por medios forenses. Y todo indica que, en las próximas horas, el juez Sebastián Casanello rechazará el pedido de nulidad presentado por los Kovalivker. Los empresarios habían planteado que la causa debía cerrarse por haberse originado en grabaciones ilegales y por “cosa juzgada”, ya que en febrero se archivó una denuncia similar contra la misma droguería. Pero la Justicia no comparte esa mirada. En los tribunales de Comodoro Py sostienen que no se puede anular una causa por el solo hecho de haberse iniciado a partir de grabaciones sin orden judicial, sobre todo cuando se trata de presuntos hechos de corrupción. La causa actual comenzó el 25 de agosto con la denuncia de Alejandro Díaz Pascual, miembro de la asociación civil Arco Social, quien advirtió sobre compras millonarias —cercanas a los $30.000 millones— realizadas por la ANDIS a Suizo Argentina sin licitación pública. En su presentación también involucró a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y a su primo “Lule” Menem, funcionario cercano a Karina Milei. La investigación sigue bajo secreto de sumario y los imputados aún no accedieron al expediente. Mientras tanto, la PIA y el fiscal Franco Picardi siguen recolectando pruebas y analizando documentación incautada durante los allanamientos. Se trata de una cantidad importante de papeles, carpetas y dispositivos electrónicos relacionados con compras de medicamentos. En el Ejecutivo, en tanto, ya comenzó una auditoría interna sobre la gestión de Spagnuolo en la ANDIS. El proceso —a cargo del nuevo titular, Alberto Vilches— debió esperar a que la Policía de la Ciudad entregara copias de la documentación secuestrada. Desde Casa Rosada estiman que los primeros resultados estarán disponibles en octubre. Uno de los focos principales es el análisis de los contratos con droguerías, donde sospechan que se aplicaron sobreprecios. Aunque desde el Gobierno niegan que ya haya evidencia concreta, admiten preocupación por los mecanismos utilizados para adjudicar compras. La estructura de la ANDIS también está bajo revisión: el organismo cuenta con 921 empleados y administra un presupuesto de $3,74 billones.