El Gobierno volvió a aplicar de forma parcial los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, según el decreto 617 publicado a fines de agosto. Esta medida busca atenuar el impacto de los aumentos en el transporte, la producción agrícola y los gastos de los conductores. Con el decreto 617, se estableció un incremento parcial en los tributos: $11,2 por litro para naftas y $9,6 para gasoil, con el objetivo de contener el impacto en los precios antes del período electoral. Esta acción se suma a varias postergaciones realizadas durante el año para aliviar los costos en transporte, agroindustria y consumidores. Un informe de Economía y Energía, liderado por Nicolás Arceo, señala que esta política de postergación implicará en septiembre una pérdida de USD 177 millones en recaudación, acumulando hasta la fecha una renuncia fiscal de USD 1.786 millones en 2025. El mismo informe detalla el atraso acumulado: según la normativa, el impuesto al combustible líquido (ICL) sobre naftas debería ser de $507 por litro, pero tras la última actualización se mantiene en $278; para el gasoil, el valor normativo de $328 se redujo a $208. El impacto efectivo en el surtidor es algo menor: $8,8 por litro para naftas y $8,4 para gasoil, considerando exenciones y particularidades regionales. Esto confirma la estrategia gubernamental de postergar los aumentos para limitar el efecto en los precios al consumidor. La decisión de retrasar los incrementos se relaciona con la inflación y la sensibilidad del consumidor. Mientras que los precios internacionales del petróleo cayeron cerca del 16%, la nafta en Argentina subió un 32,6% en pesos. En cuanto al gas, su precio aumentó en EE.?UU., bajó en Europa y el gasoil en Argentina se incrementó entre un 22,9% y un 27,6%, según su calidad.