Las llamadas anónimas que advierten sobre la supuesta presencia de explosivos en edificios públicos se han convertido en una de las principales preocupaciones de las autoridades en San Juan. Lo que en un principio parecía un hecho aislado, hoy es un fenómeno recurrente que acumula al menos 16 episodios durante 2025. Cada operativo de verificación tiene un costo aproximado de $4 millones, por lo que en los primeros ocho meses del año la provincia ha destinado más de $64 millones para movilizar policías, bomberos y recursos logísticos. El protocolo vigente obliga a tomar cada aviso como una amenaza real hasta confirmar lo contrario, lo que implica evacuaciones masivas, cierres temporales de edificios y un despliegue de personal altamente especializado. Funcionarios judiciales advierten que, además del impacto económico, estos operativos paralizan la actividad administrativa, hospitalaria y educativa en los lugares afectados. El año comenzó el 6 de marzo, cuando un llamado anónimo al Centro Cívico provocó la evacuación de cientos de empleados. El responsable, Emanuel Lucero, fue detenido días después y condenado a dos años de prisión efectiva. En junio, la amenaza se dirigió al Hospital Rawson, obligando a evacuar a casi todo el personal y pacientes. La autora, una bioquímica del mismo hospital, recibió una probation y deberá abonar $4 millones como reparación. El fenómeno también afectó a las escuelas. En junio, un aviso anónimo provocó la evacuación simultánea de tres establecimientos, producto de una confusión en el nombre de la institución señalada. Se identificó como responsable a una menor de edad. Cinco días después, otra alumna repitió la situación en la Escuela Eugenia Belín Sarmiento, en Rawson. En julio, la amenaza llegó a la Escuela Boero, donde se evacuaron 1.500 estudiantes. En este caso, dos alumnos mayores de edad fueron imputados y acordaron pagar, en conjunto, $4 millones en cuotas y realizar tareas comunitarias. El caso de mayor repercusión se produjo el 1 de agosto, minutos antes del recital de Lali Espósito en el Estadio Aldo Cantoni. Una llamada anónima retrasó el inicio del espectáculo y terminó con la detención de Juan Carlos Salem, un hombre de 74 años que admitió haber realizado la amenaza. Fue condenado a tres años de prisión en suspenso y multado por tenencia ilegal de armas. Ese mismo día, otra llamada obligó a evacuar una escuela en el barrio Valle Grande, Rawson. El Centro Cívico volvió a ser blanco el 20 de agosto, cuando un menor de 14 años realizó una llamada que derivó en la evacuación completa del edificio administrativo. Su madre lo entregó a la Justicia tras enterarse de lo ocurrido. El Ministerio Público Fiscal confirmó que en cada operativo intervienen decenas de agentes de Bomberos, Policía y brigadas especializadas, lo que genera un gasto millonario en logística y recursos humanos. Con 16 amenazas registradas en lo que va del año, el costo estimado supera los $64 millones, sin contar las pérdidas indirectas por la interrupción de servicios públicos y privados.