En una resolución que generó fuerte impacto en el ámbito judicial y político sanjuanino, el Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados resolvió quitarle la matrícula profesional al exintendente de Caucete, Julián Gil, impidiéndole ejercer la abogacía de forma permanente. La medida se basa en su condena judicial firme por encubrimiento agravado. Según informó 0264 Noticias, la sanción responde a un hecho en el que Gil intentó influir en la declaración de una víctima de abuso sexual para favorecer a un cliente, lo que constituye una falta grave contemplada en la Ley 127-A (Ley Orgánica del Ejercicio de la Abogacía). En su artículo 79, la norma habilita la exclusión de la matrícula ante una condena penal firme que afecte el decoro y la ética profesional. Consultado por Diario Huarpe, Gil anticipó que presentará una apelación: “No comparto los fundamentos ni el ensañamiento extremo de la medida”, afirmó. Al haber sido notificado formalmente, cuenta ahora con la posibilidad de recurrir al Directorio del Foro como primera instancia. Una vez presentada la apelación, se abre un plazo de 25 días hábiles para el análisis y notificación interna, y otros 30 días hábiles para que el Directorio resuelva si mantiene o revoca la decisión. Mientras tanto, la sanción queda suspendida hasta que haya un fallo definitivo. En caso de confirmarse, aún podrá acudir al fuero Contencioso Administrativo. El accionar que derivó en esta decisión se remonta a agosto de 2024, cuando Gil fue detenido en Tribunales tras una investigación que reveló que le había ofrecido dinero a una víctima de abuso para que modificara su testimonio. La mujer finalmente confesó lo ocurrido y Gil, en un juicio abreviado, aceptó su responsabilidad y fue condenado a un año de prisión condicional por encubrimiento agravado, pena impuesta por la jueza Verónica Chiconi. Con la sentencia firme, el Tribunal de Disciplina actuó de oficio. La resolución de expulsión requiere el voto favorable de al menos tres de los cinco integrantes del cuerpo, aunque todo indica que fue adoptada por unanimidad. A pesar de que la inhabilitación es de por vida, la ley permite que el sancionado solicite la rehabilitación de su matrícula transcurridos cinco años desde que quede firme la medida, solicitud que debe ser aprobada por dos tercios del Tribunal. La figura de Gil no es ajena a las controversias. Durante su gestión como intendente de Caucete (2015–2019) fue objeto de múltiples críticas, entre ellas por designar a familiares directos en su gabinete. Además, enfrentó una denuncia por abuso sexual que posteriormente fue archivada, aunque su nombre quedó vinculado a varios escándalos públicos.