La UFI de Delitos Informáticos y Estafas, encabezada por el fiscal Duilio Ejarque y la ayudante fiscal Silvina Putelli, está investigando un fraude millonario en el que seis personas están acusadas de usurpar y vender terrenos que pertenecen al Estado Provincial. El terreno en cuestión está ubicado en Colonia Fiscal, en Rawson, y se encuentra valuado en aproximadamente $200.000.000. Según la Fiscalía de Estado, compuesta por Claudio Edgardo Herrera, José Aníbal Fraifer y Ricardo Lorenzo Mira, el lote de 168 hectáreas, originalmente destinado a actividades agrícolas, fue dividido en 168 lotes y comercializado de manera irregular a través de un proyecto privado llamado “Vista al Cerro”. Aunque hasta ahora se han registrado 48 denuncias de personas afectadas, la Fiscalía advierte que el número de perjudicados podría ser mucho mayor, dado que la venta de estos lotes se realizó sin respaldo legal. Los acusados son Estela Juana Capelli, Víctor Dávila, Alexiana Díaz, José Alberto Díaz, Martín Gastón Díaz y Oscar Ramón Díaz (uno de ellos participó en la audiencia vía Zoom). Estos seis individuos están bajo la mira de la justicia por usurpación y estafa reiterada, en concurso con fines de lucro tanto en perjuicio del Estado como de los particulares que compraron los lotes fraudulentos. El terreno en disputa es el Lote N° 90 de la Colonia Fiscal Domingo Faustino Sarmiento, en Rawson, que pertenece al Estado Provincial y cuyo destino es exclusivamente agrícola. Sin embargo, se han detectado operaciones privadas irregulares, tales como venta, fraccionamiento y construcción de viviendas, sobre un terreno que nunca fue adjudicado legalmente. La desadjudicación original de este lote ocurrió en 2014, cuando fue entregado a Carlos Cerda, pero la operación nunca se completó. Durante la investigación, se comprobó que varias personas que adquirieron lotes en el proyecto “Vista al Cerro” lo hicieron sin garantías legales. A su vez, una inspección reveló la existencia de más de 100 viviendas en diversas etapas de construcción, muchas de las cuales ya cuentan con conexiones de luz y agua, además de piletas y quinchos, lo que indica que el terreno no se utiliza con fines agrícolas, como era su destino original. Los acusados tuvieron la oportunidad de declarar durante la audiencia, pero todos se abstuvieron de hacerlo. La audiencia fue extensa, comenzando a las 9:00 horas, y en ella se discutieron los detalles de las acusaciones. Las defensas de los imputados argumentaron que no hubo estafa, asegurando que el proyecto fue legalmente adjudicado y que la venta de los terrenos se realizó de acuerdo con la ley.