La decisión del juez Alejandro Patricio Maraniello de prohibir la difusión de los audios solicitada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, abrió una fuerte polémica en el ámbito judicial y político. Maraniello enfrenta seis expedientes en el Consejo de la Magistratura, donde es investigado desde el 14 de agosto por abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato y presunto manejo irregular de recursos públicos. En tribunales, la medida generó comentarios irónicos. Algunos funcionarios judiciales hablaron de una “casualidad permanente” para referirse a que la causa recayó justamente en un juez que depende de decisiones del gobierno para evitar un eventual proceso de destitución. “No es raro que haya firmado esto arrastrándose con el gobierno para ver si alguien lo zafa”, señaló una fuente consultada. El magistrado resolvió con rapidez: ordenó la prohibición inmediata de difundir los audios “a través de cualquier medio de comunicación escrito, audiovisual o redes sociales”, y dispuso que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) ejecute la medida de forma urgente, incluso en días y horarios inhábiles. La Corte Suprema, según fuentes judiciales, no intervendrá al tratarse de una “causa judicializada”. Maraniello enfrenta dos frentes: uno en la Justicia federal y otro en el Consejo de la Magistratura. En este último organismo, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial presentó la denuncia de una trabajadora que lo acusó de acoso sexual. Según trascendió, la mujer relató que primero fue hostigada para aceptar encuentros fuera del horario laboral, luego fue sometida a tocamientos y besos no consentidos, y finalmente accedió a mantener relaciones sexuales para detener el acoso. La víctima llevó su denuncia a la Unidad de Bienestar Laboral del Fuero Contencioso Administrativo Federal y, aunque no quiso iniciar una acción penal, la fiscal Mariana Labozzetta entendió que se trataba de un posible delito de acción pública. Así, presentó una denuncia que quedó a cargo de los fiscales Carlos Stornelli y la jueza María Servini. El fallo que impide la difusión de los audios provocó reacciones en redes sociales, donde usuarios bautizaron al magistrado como “el juez Baru Budu Budía”, en alusión a la histórica censura ordenada en 1992 por Servini de Cubría contra el programa Tato de América, conducido por Tato Bores.