La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un pedido judicial para que la Policía Federal allane a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, luego de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, grabados en la Casa Rosada. La solicitud se enmarca en la estrategia legal del Gobierno, tras la filtración de las grabaciones ocurrida el viernes pasado, en plena campaña electoral. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la denuncia ante la Justicia Federal y calificó el hecho como “una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país”. Según Adorni, se registraron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las cuales habrían sido manipuladas y difundidas para "condicionar al Poder Ejecutivo". El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello respaldó la medida cautelar solicitada por el Gobierno y ordenó cesar la difusión de los audios en cualquier medio, ya sea escrito, audiovisual o digital. El pedido de allanamiento también incluye a Franco Bindi, abogado señalado por la Casa Rosada como partícipe de la supuesta operación de espionaje, y a Pablo Toviggino, empresario del fútbol y administrador del canal de streaming Carnaval, desde donde se emitieron las grabaciones. El Gobierno también pidió intervenir las oficinas de la empresa de medios. Desde Carnaval Stream respondieron rápidamente: “El Gobierno de Javier Milei busca silenciar al periodismo que investiga y cuenta la verdad de lo que les pasa a los argentinos y argentinas”. El periodista Mauro Federico respaldó la postura del canal y aseguró que continuarán con su labor informativa.