El empleado judicial Andrés Holeywell, condenado recientemente por filtrar información a la banda conocida como Los Robarruedas, se tomó licencia médica en un momento clave para su futuro laboral. El pasado viernes 29 de agosto de 2025, admitió su culpabilidad en un juicio abreviado y recibió una pena de un año de prisión condicional, evitando así la cárcel. La jueza de Garantías, Verónica Chicón, homologó el acuerdo entre las partes. Tras la condena, el Ministerio Público Fiscal informó a Diario Huarpe que se le inició un sumario administrativo que podría derivar en su desvinculación definitiva del Poder Judicial. Según explicó el fiscal Daniel Galvani (quien subroga la Fiscalía General de la Corte tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani), tanto la sentencia como la admisión de culpabilidad en el juicio forman parte de las pruebas de cargo en el proceso disciplinario. “El sumario implica una investigación formal en la que el empleado será notificado de los cargos en su contra y podrá ejercer su derecho a defensa, tal como ocurre en cualquier procedimiento administrativo”, detalló Galvani. La licencia médica presentada por Holeywell es, según indicaron, un paréntesis temporal. Una vez finalizada, quedará automáticamente suspendido mientras avanza el sumario. Esa suspensión se mantendrá hasta que se defina su situación legal y laboral. En cuanto a las sanciones, el fiscal aclaró que el Ministerio Público Fiscal puede imponer medidas disciplinarias. No obstante, si la gravedad del caso lo amerita (como podría suceder aquí), será la Corte de Justicia de San Juan la que tome la decisión final. Esta dependerá del informe y la recomendación del sumariante. Si se considera que la conducta de Holeywell encuadra en las faltas más graves previstas por la Ley Orgánica de Tribunales, la Corte podría avanzar en su despido definitivo. Holeywell, sobrino de un exintegrante de la Corte y con vínculos familiares en el ámbito judicial, trabajaba en la UFI de Delitos contra la Propiedad y era conocido en Tribunales como “veedor judicial”. Su colaboración con la banda criminal complicó operativos de detención planificados por la Policía y despertó sospechas internas sobre la existencia de filtraciones. Durante la investigación, el fiscal de la causa, Adolfo Díaz, explicó que las escuchas telefónicas fueron clave para confirmar que el empleado pasaba información sensible a los delincuentes. Ese material permitió a la Justicia reconstruir el modus operandi de la banda y tomar medidas preventivas.