El juez del Tribunal de Impugnación, Juan Carlos Caballero Vidal (h), desestimó los recursos presentados por los abogados defensores de Roberto Bolado y Paola Masquijo, dos de los tres imputados por una presunta estafa vinculada a un proyecto habitacional del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda). La causa investiga el accionar de una supuesta entidad sin existencia legal, la "Asociación Civil Virgen del Valle", que no está registrada en Personería Jurídica. Según la investigación, esta asociación firmó en 2015 un contrato con al menos tres damnificados, quienes realizaron pagos importantes con la expectativa de acceder a una vivienda. La operación nunca se concretó, ya que los imputados no consiguieron los terrenos necesarios, condición esencial para que el IPV pudiera iniciar la obra, según explicó el fiscal Nicolás Alvo, de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Los involucrados en el contrato fueron: Beatriz Bolado (presidenta), Roberto Bolado (secretario) y Paola Masquijo (tesorera). Las víctimas denunciaron que pagaron $110.000 por la carpeta inicial y luego cuotas mensuales de $150.000, sin recibir ningún avance ni respuesta concreta sobre sus viviendas. El defensor de Roberto Bolado, Jorge Nicolás Ramírez Manrique, solicitó que se declare prescripta la acción penal, argumentando que desde la firma del contrato hasta las primeras denuncias del 18 de marzo pasado no se había producido ningún acto procesal que interrumpiera el plazo. Sin embargo, tanto el fiscal como la querellante, Fabiana Salinas, refutaron este planteo al sostener que se trata de un delito continuado que sigue generando perjuicios económicos a las víctimas. El juez coincidió con esta postura y rechazó el pedido de prescripción. En paralelo, el defensor Martín Zuleta solicitó que se deje sin efecto la imputación contra Paola Masquijo, alegando que su clienta no había sido debidamente informada sobre los hechos y pruebas en su contra. El juez admitió que existieron falencias en la formalización del proceso, pero decidió que Masquijo siga imputada, aunque revocó las medidas cautelares que pesaban sobre ella. La causa sigue avanzando mientras la Justicia investiga el destino del dinero y evalúa posibles nuevas denuncias por parte de otros damnificados.