El nerviosismo dentro de La Libertad Avanza (LLA) aumenta con el paso de las horas. Las declaraciones públicas de Eduardo y Martín Menem, bajo la supervisión de Karina Milei —quien tomó el mando del operativo de contención política— no alcanzaron para calmar el escándalo que sacude al oficialismo desde la difusión de los audios que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en presuntos hechos de corrupción. En medio del escándalo, funcionarios y dirigentes del PRO mantienen suspendida toda aparición en medios, con excepción del ministro Guillermo Francos. La consigna es clara: evitar cualquier exposición hasta que baje la intensidad de la crisis judicial y mediática. Pero esa calma no llega. Uno de los focos de mayor preocupación es la actitud adoptada por Diego Spagnuolo, el ex titular de la ANDIS, quien fue apartado la semana pasada tras la aparición de los comprometedores audios. Desde entonces, se ha mostrado esquivo y, según fuentes del oficialismo, evitó coordinar una estrategia de defensa conjunta. Incluso, habría rechazado la oferta de contratar un prestigioso estudio penalista, lo que encendió las alarmas en el entorno presidencial. “Cuando entregó el teléfono, estaba visiblemente nervioso”, afirmaron fuentes policiales, en referencia al dispositivo que ya está siendo peritado por la Justicia, sin la presencia de peritos de parte. Esto último generó inquietud entre los asesores legales de LLA, quienes temen que Spagnuolo opte por una estrategia propia, sin alinearse con el relato del Gobierno. Spagnuolo, abogado de profesión y ex asesor de Javier Milei, mantiene vínculos con figuras cercanas al Presidente. Su hermano también ejerce en el fuero penal, pero eso no ha sido suficiente para acercar posiciones. Los intentos por parte del abogado Santiago Viola —cercano a Karina Milei y mencionado en su momento para la Auditoría General de la Nación— tampoco dieron resultado hasta el momento. Viola fue quien en su momento tomó contacto con Spagnuolo para su postulación a diputado por la provincia de Buenos Aires en 2023, en el puesto 13 de la lista. Fuentes internas aseguran que el ex funcionario esperaba un lugar más destacado en el Congreso o un cargo de mayor jerarquía en el gabinete. La presión ahora recae sobre una posible movida legal para invalidar o desacreditar los audios. Pero sin la colaboración de Spagnuolo, ese plan parece complicado. En la cúpula del oficialismo, el temor crece: si el ex funcionario decide romper el silencio por su cuenta, podría abrir un nuevo frente de conflicto en una administración que ya enfrenta serias turbulencias.