A cinco días de la difusión de los audios en los que Diego Spagnuolo, exdirector de la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS), habló de un supuesto circuito de coimas, el Gobierno nacional activó un plan de acción para contener la crisis política. El presidente Javier Milei instruyó al interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, para que acelere una auditoría integral sobre todos los contratos y licitaciones del organismo. Por el momento, se descartó presentar una denuncia judicial, mientras la Casa Rosada busca dar explicaciones públicas para amortiguar el impacto político. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el primer vocero del oficialismo y dio una extensa entrevista radial para defender la posición del Gobierno. En los audios —grabados de manera clandestina y con al menos un año de antigüedad— Spagnuolo describe presuntas maniobras irregulares vinculadas a la provisión de medicamentos. No se descarta que existan otras grabaciones en poder de quienes las difundieron. En la Casa Rosada confían en que la auditoría interna permitirá esclarecer lo sucedido durante la gestión de Spagnuolo, cuestionado previamente por su bajo desempeño y por varios episodios polémicos, entre ellos el destrato al activista Ian Moche y la publicación de una resolución con términos ofensivos hacia personas con discapacidad. También se encuentra bajo sospecha Danel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud. Sospechas y allanamientos Fuentes cercanas al Gobierno remarcan que Milei desconocía cualquier posible maniobra irregular y aseguran que Spagnuolo mantenía su cargo por la relación de confianza con el presidente. “Si aparece una prueba de coima, se va a actuar en consecuencia. No se va a ocultar nada”, señalaron a este medio. La Justicia también avanza en la investigación. La semana pasada, durante allanamientos en domicilios vinculados a la droguería Suizo Argentina, se secuestraron sobres con 266 mil dólares, teléfonos y documentación sensible. Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la firma, tenía el dinero fraccionado en su auto y llevaba su pasaporte, lo que alimenta la hipótesis de un intento de fuga. Su hermano Jonathan no fue hallado y en su vivienda se encontraron cajas fuertes, una de ellas vacía. Mientras tanto, Vilches y su equipo trabajan contra reloj revisando archivos y bases de datos en la sede de la ANDIS. Se espera que el personal de planta aporte información si existieron irregularidades. Dudas y contexto político En el Gobierno generó suspicacia la secuencia de hechos: la difusión de los audios antes del debate legislativo de la ley de discapacidad, la denuncia presentada por el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, y la rápida intervención judicial del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. Pese a las especulaciones sobre una “operación política”, en la Casa Rosada afirman que lo central es esclarecer la verdad y determinar la veracidad de los audios y las responsabilidades correspondientes.