La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza con el análisis del material secuestrado en más de diez allanamientos realizados en los últimos días. La investigación se inició a partir de audios del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en los que denunciaba maniobras irregulares y una supuesta recaudación ilegal vinculada a la compra y venta de medicamentos. Los operativos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, y llevados a cabo por la Policía de la Ciudad. Durante los procedimientos se incautaron teléfonos celulares, documentación y sobres con dinero, elementos que ahora serán peritados para determinar si existió un delito y si hubo acuerdos entre funcionarios y la droguería Suizo Argentina. Uno de los focos de la investigación es el acceso a los dispositivos electrónicos. Hasta el momento, solo el exfuncionario Daniel Garbellini entregó voluntariamente la clave de su celular. En cambio, los teléfonos de Spagnuolo y Emmanuel Kovalivker (accionista de Suizo Argentina) permanecen bloqueados. A Spagnuolo le secuestraron dos celulares en un operativo en Pilar, mientras que Kovalivker fue interceptado en Nordelta con 266 mil dólares, siete millones de pesos en efectivo y su pasaporte. La Justicia también analiza la documentación secuestrada tanto en la sede de la ANDIS como en domicilios particulares. El objetivo es establecer si existieron acuerdos irregulares para beneficiar a la droguería en licitaciones públicas o si la empresa exigía sobornos a proveedores. Por el momento, no hay imputados ni citaciones a declarar, ya que la causa no tiene una carátula definida. La fiscalía evalúa si Spagnuolo será considerado testigo o encubridor, y la situación del resto de los implicados dependerá de los resultados de las pericias. En paralelo, continúa la búsqueda de Jonathan Kovalivker, presidente de Suizo Argentina, quien no fue hallado durante los allanamientos pese a figurar entre los domicilios investigados. La familia Kovalivker posee la mayoría accionaria de la empresa y, según información oficial, mantiene vínculos con referentes políticos. La causa se encuentra aún en etapa preliminar y su avance dependerá de la apertura de los celulares incautados y del análisis de la documentación. A partir de esos elementos, la Justicia definirá la calificación legal del expediente y evaluará posibles llamados a indagatoria.