El caso estalló tras la difusión de un audio en el que Diego Spagnuolo, titular del organismo, abogado y amigo personal de Javier Milei, menciona presuntos vínculos entre funcionarios de segundo rango y figuras de peso en el Gobierno. Pese a la gravedad de las acusaciones, en la Casa Rosada prima la cautela, mientras se definen los próximos pasos a seguir en el plano político y judicial. Entre las alternativas en evaluación, una de las más firmes es avanzar con una denuncia contra el propio Spagnuolo por no haber radicado una denuncia formal sobre los hechos que relató en la conversación filtrada. En los pasillos oficiales ya se habla de una estrategia para desacreditarlo, y algunos asesores de Milei lo califican (en privado) como “delirante”. Sin embargo, por ahora se descarta cuestionar la autenticidad del audio. Durante la jornada del viernes hubo extensas reuniones en Casa Rosada. Milei llegó temprano, acompañado por su hermana Karina, Eduardo "Lule" Menem (directamente aludido en los audios), el asesor Santiago Caputo y el vocero presidencial Manuel Adorni. También participó el Ministerio de Justicia. Hasta el momento, la única acción concreta fue la desvinculación de Spagnuolo “hasta que se esclarezcan los hechos”. El Gobierno evita emitir una postura pública definitiva y también demora eventuales presentaciones judiciales, a la espera de los avances en la causa liderada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. En especial, porque no se descarta que Spagnuolo sea citado a declarar, lo que podría complicar aún más al oficialismo si ratifica sus dichos. Mientras tanto, el nerviosismo entre los libertarios es evidente. Esta semana, Adorni suspendió sus conferencias de prensa y su programa semanal “Fake, 7,8” sin dar explicaciones. En redes sociales, el silencio es absoluto: ni los tuiteros más activos del espacio salieron a defender al Gobierno. La directiva fue clara: guardar silencio. “Nadie sabe bien qué pasó, Diego no atiende el teléfono”, reconoció un alto funcionario. Otro admitió que se trató de una semana “complicada”. Desde algunos sectores internos afirman que todo responde a una “operación política”, aunque por ahora evitan apuntar a posibles responsables. A pesar de las tensiones entre los grupos alineados con Caputo y los Menem, se mantiene una tregua para afrontar el caso como un problema institucional, sin dejar fisuras expuestas. “Si alguno de los bandos habla, se va a leer como interna. Preferimos manejar esto como un tema del gobierno entero”, sostuvo un dirigente oficialista. En paralelo, en varios despachos reina la incertidumbre. Incluso entre quienes defienden a los implicados, prevalece el criterio de “presunción de inocencia”, sin comprometer respaldos explícitos. La investigación judicial, iniciada a partir de la denuncia del abogado Gregorio Dalbón (representante de Cristina Kirchner), apunta a delitos graves: cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, violación a la ley de ética y posible asociación ilícita.