El día jueves 1 de agosto, Colombia fue sacudida por dos ataques violentos que provocaron un saldo trágico de 18 fallecidos y más de 50 heridos. El primer atentado ocurrió en la mañana en Amalfi, Antioquia, cuando un helicóptero de la Policía fue derribado durante un operativo de erradicación de cultivos de hoja de coca. Según fuentes oficiales y la agencia AFP, los atacantes combinaron el uso de fusiles con un dron cargado de explosivos, lo que causó la muerte de 12 efectivos policiales. Este ataque fue atribuido a disidencias de las FARC, grupos enfrentados entre sí y contrarios al acuerdo de paz firmado en 2016. Por la tarde, un segundo atentado tuvo lugar en Cali, la tercera ciudad más grande del país. Un camión cargado con explosivos estalló frente a la base aérea Marco Fidel Suárez, dejando al menos seis civiles muertos y más de 60 heridos, según informó la Defensoría del Pueblo. El presidente Gustavo Petro calificó estos hechos como actos terroristas y los vinculó a una represalia de los rebeldes contra los operativos militares en la región del Cañón del Micay. En respuesta, el Ejército colombiano desplegó todas sus tropas en Antioquia, reforzando la seguridad con operaciones aéreas y artillería. Mientras tanto, en Cali, el alcalde Alejandro Eder ordenó la militarización de la ciudad y aumentó la vigilancia en puntos estratégicos para evitar nuevos ataques. Las autoridades señalaron a disidencias de las FARC, con apoyo logístico parcial del Clan del Golfo, como responsables de los atentados, y enfatizaron la necesidad de fortalecer la inteligencia en las zonas con históricos conflictos. Estos hechos de violencia ocurren a menos de un año de las elecciones presidenciales, generando alarma social y preocupación por la seguridad en varias regiones del país.