El proyecto minero Altar, ubicado en San Juan, se prepara para un hito que podría marcar un punto de inflexión en la minería argentina. La compañía canadiense Aldebarán Resources presentará en septiembre el Estudio Económico Preliminar (PEA), un documento crucial que permitirá evaluar la viabilidad económica y el potencial productivo de uno de los yacimientos más prometedores del país. Con recursos estimados en 32.000 millones de libras de cobre y 6,7 millones de onzas de oro, Altar ya se posiciona entre los proyectos más importantes de América Latina. Según adelantó Javier Robeto, vicepresidente y country manager de la firma, el estudio contempla una inversión inicial superior a US$1.500 millones. Hasta ahora, el desarrollo del proyecto demandó más de US$200 millones en exploración, con 199.000 metros de perforación ejecutados. Actualmente, Altar se encuentra en una etapa avanzada y estima una vida útil de entre 20 y 25 años, aunque existe la posibilidad de extenderla a partir de nuevos hallazgos. Uno de los descubrimientos más relevantes fue el de Altar United, una zona con leyes más altas de cobre, que abre la puerta a un esquema de explotación mixto, combinando minería a cielo abierto y subterránea. “La PEA será clave porque, por primera vez, podremos dimensionar el proyecto desde el punto de vista económico. Es un hito importante para la empresa y para el sector”, explicó Robeto. El documento incluirá dos escenarios productivos: Producción de concentrado de cobre. Obtención de cátodos de cobre, bajo un modelo similar al de Los Azules, también ubicado en San Juan. “Será una PEA dual. Queremos evaluar los beneficios y desafíos de cada opción”, agregó el directivo. Próximos pasos y desafíos El cronograma de Aldebarán Resources apunta a alcanzar la prefactibilidad económica en 2026. Actualmente, la compañía controla el 80% del proyecto, mientras que el 20% restante pertenece a la minera sudafricana Sibanye-Stillwater. Uno de los desafíos centrales será el ingreso al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Gobierno nacional. Este esquema otorga beneficios fiscales y previsibilidad jurídica para atraer capitales, aunque el plazo de adhesión vence en julio de 2026, con posibilidad de prórroga por un año. “Quizás logremos entrar, pero no está garantizado. Si el RIGI cae, la carga impositiva vuelve al 54% y eso haría inviable cualquier desarrollo”, advirtió Robeto. Otro punto sensible es la aplicación de la Ley de Glaciares, que el ejecutivo consideró “imprecisa”. En este sentido, pidió mayor claridad sobre las áreas habilitadas para la actividad minera. Un contexto minero en expansión El gobierno de Javier Milei recibió solicitudes para incorporar 20 proyectos al RIGI, por más de US$33.600 millones. Hasta ahora, se aprobaron seis, por más de US$13.000 millones, principalmente en los sectores de minería, energía y oil & gas. Si bien Vaca Muerta acaparó la atención inicial del régimen, en los últimos meses la balanza se inclinó hacia la minería. Empresas como Glencore solicitaron la inclusión de sus proyectos de cobre El Pachón y Agua Rica, con inversiones por US$13.300 millones, consolidando el rol estratégico del cobre en la nueva matriz energética global.