Una mujer que causó destrozos tanto en un vehículo particular como en el área de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson fue obligada a pagar un total de $500.000 como compensación: $300.000 a la dueña del auto afectado y $200.000 al centro de salud provincial. La medida fue definida en una audiencia de Flagrancia, en la que se alcanzó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba (probation). Este tipo de resolución judicial se aplica en delitos considerados menores, y busca evitar el juicio oral a cambio de que la persona imputada reponga los daños y cumpla con reglas de conducta específicas. Según fuentes judiciales, la mujer no tenía antecedentes penales y atravesaba una situación de vulnerabilidad social, lo que fue tenido en cuenta a la hora de aplicar la probation. Además del pago económico, la imputada deberá cumplir con 150 horas de trabajo comunitario y someterse a un tratamiento por consumo problemático de sustancias, como parte de las condiciones impuestas por el juez para suspender el proceso judicial.