Una mujer de 52 años, identificada como Amelia Irene Bravo, fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional tras ser hallada culpable de estafar a dos ancianos que residían en el Hogar para Adultos Mayores de Rivadavia. La acusada se apropió de más de 11 millones de pesos mediante operaciones fraudulentas realizadas con las tarjetas de crédito y débito de las víctimas. El lunes, Bravo confesó los hechos en un juicio abreviado, acordado con su defensor, Ismael Hidalgo, y el fiscal coordinador de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Eduardo Gallastegui. La jueza Celia Maldonado aprobó el acuerdo judicial y ordenó que la mujer repusiera parte del dinero robado mediante pagos en cuotas. Las víctimas, una mujer con demencia senil y un hombre de más de 80 años que sufrió la amputación de ambas piernas, fueron perjudicados por Bravo, quien administraba sus jubilaciones. A pesar de que les dejaba solo $5.000 mensuales, realizó consumos, transferencias y hasta solicitó un préstamo de 4 millones de pesos a nombre de ambos ancianos. La denuncia fue presentada el 30 de mayo por la directora del hogar, Eva Perón. La acusada fue detenida el 26 de junio en Caucete, y en el momento de su arresto, se le secuestró un arma de fabricación casera. Aunque la condena principal es por estafa, también enfrenta cargos por tenencia ilegítima de armas. Tras el acuerdo judicial, Bravo recuperó su libertad condicional, pero si reincide, deberá cumplir la pena en el Penal de Chimbas. La investigación, a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, no descarta que surjan más movimientos fraudulentos relacionados con la administración de los fondos de los ancianos.