La Justicia federal declaró este lunes inconstitucional e inválido el veto presidencial a la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso el pasado 10 de julio. La decisión fue tomada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, tras una acción de amparo presentada por los padres de dos niños de 11 años, quienes vieron en riesgo el acceso a sus tratamientos terapéuticos y su educación especializada. Ambos menores padecen trastornos generalizados del desarrollo y trastornos específicos en las habilidades escolares. Asisten a un centro educativo terapéutico y a un colegio especial, cuyos directivos alertaron que, por la falta de financiamiento estatal, se encontraban al borde del cierre. Según el fallo, al que accedió Infobae, estas instituciones sobreviven gracias a préstamos bancarios y donaciones. Qué establecía la Ley 27.793 La Ley de Emergencia en Discapacidad creaba un régimen integral vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable un año más. Su objetivo principal era garantizar los derechos establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional. Entre los puntos clave de la ley, se incluían: Financiamiento adecuado de pensiones no contributivas por discapacidad. Régimen de emergencia tributaria para prestadores de servicios. Compensación arancelaria y actualización de prestaciones para el sistema de atención. Recursos para la Agencia Nacional de Discapacidad y programas vinculados. Cumplimiento de la Ley de Empleo Protegido (26.816). Una compensación económica de emergencia para prestadores, que iguale la inflación (IPC) de 2024. La postura del Gobierno y el veto de Milei El presidente Javier Milei vetó la ley argumentando su impacto fiscal, estimado entre el 0,22% y 0,42% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. El Poder Ejecutivo defendió la decisión en base al principio de "equilibrio fiscal innegociable", uno de los pilares del Pacto de Mayo. La falta de fuente de financiamiento específica fue el principal argumento del veto, alineado con la postura oficial de no aprobar aumentos en el gasto público sin respaldo presupuestario. En el marco del proceso judicial, el juez González Charvay solicitó al Ministerio de Salud, actualmente a cargo de Mario Lugones, que presente un informe para fundamentar la posición del Ejecutivo y su decisión de vetar la ley.