El Gobierno nacional se prepara para las próximas elecciones y tiene como objetivo reunir 40.000 fiscales para los comicios del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y 100.000 para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Por el momento, desde la mesa electoral de La Libertad Avanza descartan lanzar una plataforma web para la convocatoria, como ocurrió en 2023, y aseguran que la fiscalización se organizará a partir del despliegue territorial de los armadores políticos del espacio. “Para algo sirve el armado que desplegamos en las provincias”, explican en Nación. Desde el inicio de la gestión, el oficialismo articuló las designaciones en dependencias clave como ANSES, PAMI y Vialidad con los referentes partidarios en cada distrito. El encargado del armado nacional es el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. En la Casa Rosada detallan que el objetivo es contar con “un fiscal por mesa y uno general por escuela”. Según datos oficiales, el padrón nacional supera los 35,8 millones de electores, distribuidos en 104.800 mesas de votación y alrededor de 17.000 escuelas y locales comiciales. Sin embargo, la fiscalización nacional aún no tiene un responsable designado formalmente por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La estrategia oficial contempla una coordinación territorial segmentada por secciones electorales, en línea con los acuerdos sellados con aliados provinciales. En ese esquema, La Libertad Avanza compartirá fiscalización con el PRO en distritos clave como Ciudad y provincia de Buenos Aires, además de Catamarca, Chaco (donde también se suman la UCR y Acción Chaqueña), Entre Ríos, Tierra del Fuego y Tucumán, entre otros. En el caso de la provincia de Buenos Aires (el distrito más grande del país, con 13,1 millones de votantes, 38.074 mesas y 7.326 establecimientos) la organización de la fiscalización quedó en manos del armador de LLA, Sebastián Pareja, quien trabajará en conjunto con el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, replicando la coordinación que ambos llevaron adelante en el balotaje presidencial de 2023. Como parte del esquema, el PRO pondrá a disposición a referentes como Matías Ranzini, Adrián Urreli, Alejandro Rabinovich y Agustín Forchieri como coordinadores regionales. “El de septiembre va a ser una elección pareja”, señalan cerca de Karina Milei, en un juego de palabras que combina la competencia electoral con el apellido del armador bonaerense. En esa línea, una de las principales preocupaciones del oficialismo es el ausentismo electoral y la capacidad de movilización del aparato de los intendentes, que buscan contrarrestar con el armado territorial desplegado desde Nación. En otros distritos clave, la fiscalización también está en manos de dirigentes de peso dentro del espacio. En Córdoba (que cuenta con 3 millones de electores y 9.097 mesas) el armado recae sobre Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de LLA en Diputados. En Santa Fe (2,8 millones de electores y 8.332 mesas), la responsabilidad es de Romina Diez, presidenta del partido a nivel local. En Mendoza, con 1,49 millones de votantes y 4.357 mesas, la estructura territorial responde al gobernador Alfredo Cornejo, al ministro de Defensa, Luis Petri, y al diputado nacional Facundo Correa Llano. En Tucumán, donde hay 1,32 millones de electores y 3.919 mesas, la coordinación está a cargo del vicejefe de Interior, Lisandro Catalán.