En las últimas horas, el Gobierno celebró con euforia el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que suspendió la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado argentino, orden que había dictado la jueza neoyorquina Loretta Preska. Para los sectores afines al oficialismo, este fallo representa un "respiro" que aporta una "tranquilidad" temporal frente a las tensiones económico-financieras que atraviesa la gestión liderada por Javier Milei. El nuevo fallo es positivo en un contexto de alta volatilidad política y financiera local. Al mismo tiempo, el oficialismo aprovechará este escenario durante la campaña electoral, utilizándolo para responsabilizar al kirchnerismo en general y a Axel Kicillof en particular por el conflicto. Se trata de una decisión que otorga un margen de tiempo crucial al Gobierno, que se extiende más allá de las elecciones de este año, ya que podrá mantener la apelación activa hasta mediados de 2026 sin necesidad de presentar garantías. A partir de ese momento, si la disputa judicial se resuelve en contra de Argentina en los tribunales de Nueva York, para Milei y el ministro Luis Caputo no quedará otra opción que negociar con los fondos litigantes, liderados por Burford Capital, lo que implicaría desembolsos que podrían oscilar entre cientos y miles de millones de dólares. En lo inmediato, los próximos pasos del conflicto se concentran en este año: el 25 de septiembre, Argentina deberá presentar su primer escrito en defensa contra el fallo de primera instancia firmado por Preska en 2023. Otra fecha clave será el 27 de octubre, el lunes siguiente a las elecciones nacionales de medio término, cuando se realizará la audiencia oral en la que Argentina deberá argumentar en contra del fallo que la obliga a indemnizar con 16.100 millones de dólares a los accionistas minoritarios al momento de la estatización. Cabe recordar que fue durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner cuando el Congreso aprobó la declaración de utilidad pública y la expropiación del 51% de las acciones de YPF, con el objetivo de recuperar el control estatal de la empresa. En ese momento, Repsol poseía el 57% de la compañía, y la nacionalización se confirmó en 2014, cuando el consejo de la empresa española aceptó una oferta del Gobierno argentino de 5.000 millones de dólares como indemnización por la expropiación.