La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de Argentina en la causa por la expropiación de YPF. El tribunal resolvió mantener suspendida la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba al Estado nacional a entregar el 51% de las acciones de la petrolera como garantía de pago, y autorizó a tramitar las apelaciones sin necesidad de entregar activos. Según informó Bloomberg, el tribunal determinó que Argentina no deberá ceder su participación en YPF mientras se resuelvan las apelaciones presentadas por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, contratado por la Procuración del Tesoro. Las acciones del Estado en la petrolera, por lo tanto, podrán seguir en la Caja de Valores hasta que se dicte un fallo definitivo. Los jueces también descartaron exigir al país una garantía real por los u$s16.099 millones que se deben pagar a los fondos Burford y Eton Park, ganadores del juicio por la expropiación de la empresa. Dos apelaciones en marcha La Cámara de Apelaciones concedió este viernes la solicitud de Argentina de suspender la orden de Preska emitida el 30 de junio, que obligaba a entregar las acciones como parte del cumplimiento de la sentencia. Según fuentes judiciales, la decisión es "administrativa" y puede ser revisada más adelante, pero abre paso a las dos apelaciones ya iniciadas: Contra la sentencia de septiembre de 2023 que condenó a Argentina a pagar u$s16.099 millones más intereses. Contra la orden de entregar el paquete accionario de YPF como forma de pago, dictada en junio pasado. Especialistas con acceso al expediente indicaron que la segunda apelación podría tardar hasta dos años en resolverse. Reacción del Gobierno Desde la Procuración del Tesoro celebraron la decisión y destacaron que “garantiza que Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico”. Aclararon, además, que esta resolución no afecta la apelación de fondo contra la sentencia original dictada el año pasado, la cual se resolverá en las próximas audiencias. En el Gobierno también remarcaron que este conflicto judicial es “consecuencia directa de décadas de estatismo y políticas intervencionistas”, y aseguraron que bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, la Argentina está ejerciendo “su derecho a la defensa utilizando todas las herramientas legales disponibles”. El estado del juicio por YPF La jueza Loretta Preska falló contra Argentina el 30 de junio y ordenó entregar las acciones de YPF como forma de pago. En respuesta, la defensa presentó la segunda apelación, que obtuvo una suspensión temporal ahora extendida por la Cámara de Apelaciones. Los fondos buitre habían informado que, en caso de recibir las acciones, las depositarían en una cuenta del Bank of New York Mellon hasta que se resolviera la apelación. Sin embargo, esa posibilidad por ahora quedó descartada. La Cámara de Apelaciones tenía tres caminos: levantar la suspensión, mantenerla o requerir la entrega inmediata de las acciones. Optó por postergar la entrega, una postura que contó con el respaldo del Departamento de Justicia de EE.UU. Francos: “Es una orden incumplible” El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había anticipado que el Gobierno no podría cumplir con la entrega de acciones, en caso de que la Justicia estadounidense lo ordenara. En declaraciones a Radio Nacional, explicó que la ley de expropiación de YPF impide vender acciones sin autorización del Congreso, lo cual requiere una mayoría especial. En ese marco, sostuvo que incluso ante una sentencia firme, el Poder Judicial de EE.UU. no está habilitado para ordenar la entrega de acciones del Estado argentino. La próxima instancia clave será el jueves 25 de septiembre, cuando se celebrará la primera audiencia por la apelación sobre la sentencia de 2023. Luego, el 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas argentinas, se realizará la audiencia oral por la apelación de la entrega de acciones, donde los jueces escucharán a las partes en forma directa. Mientras tanto, los fondos demandantes insisten en probar que el Estado argentino es el "alter ego" de empresas públicas como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y ARSAT, lo que les permitiría embargar otros activos.