En el Senado de la Nación fue presentado un proyecto de ley que busca reforzar las restricciones sobre los productos de vapeo, con especial énfasis en la protección de menores. La iniciativa establece la prohibición de la venta y entrega gratuita de estos dispositivos a menores de edad, e impone sanciones que incluyen multas, clausuras y decomisos para quienes no cumplan. También propone una prohibición total de la exhibición, publicidad, promoción y patrocinio de productos de vapeo. Según explicó la autora del proyecto, el objetivo es resguardar la salud de los adolescentes frente al avance del vapeo entre jóvenes, al considerar que estos dispositivos "generan adicción y provocan daños a la salud". Sin embargo, desde la organización World Vapers’ Alliance (que agrupa a usuarios de vapeo) cuestionaron el enfoque del proyecto. Advierten que una política de prohibición total no evitará que los menores accedan a estos productos, pero sí limitará el acceso de adultos fumadores a una alternativa menos dañina para dejar el cigarrillo. "Prohibir completamente la publicidad impide que las personas conozcan una opción que, según estudios, es al menos un 95% menos perjudicial que fumar. Vapear es la herramienta más efectiva para dejar el cigarrillo, y esa diferencia debe comunicarse, no silenciarse", señaló Alberto Gómez Hernández, portavoz de Vapeo Responsable, una campaña impulsada por esa organización. Actualmente, en Argentina rige una disposición de la ANMAT que, desde 2011, prohíbe la venta, importación, publicidad y distribución de productos de vapeo. A pesar de ello, millones de personas los consumen a través de un mercado informal, sin control sanitario ni trazabilidad. Para Gómez Hernández, el enfoque prohibicionista ha sido ineficaz: “Tras más de una década de prohibiciones, lo que se ha fortalecido es el mercado negro, facilitando el acceso de menores y dejando a los adultos sin alternativas reguladas. La solución es regular el producto, controlar su venta y erradicar la informalidad”. El proyecto presentado no contempla la habilitación de un canal legal para que adultos accedan a vapeadores como herramienta de cesación tabáquica. Según los usuarios, esto perpetúa el mercado informal y dificulta el control sobre quién accede a estos productos. Como alternativa, Vapeo Responsable propone un modelo regulado que permita la venta en tiendas especializadas, con estrictos controles de edad, estándares de calidad y trazabilidad. “Solo con una regulación inteligente podremos proteger realmente a los menores y ofrecer opciones seguras a quienes quieren dejar de fumar”, concluyó Gómez Hernández. Además, la campaña lanzó una petición para que el Gobierno nacional avance hacia un marco legal que combine restricciones para menores con acceso responsable para adultos, junto con información clara sobre los riesgos y beneficios del vapeo frente al consumo de tabaco tradicional.