Este mediodía, en una conferencia de prensa desde la Casa Rosada, un funcionario de la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) anunció que, en el marco de una revisión exhaustiva, se suspendieron más de 100.000 pensiones, específicamente 110.522, que fueron mal otorgadas en gestiones anteriores. Además, se dio de baja a 8.107 pensiones correspondientes a personas fallecidas y 10.038 de personas que renunciaron a su pensión. El "ahorro" estimado para las arcas del Estado por estas bajas en las Pensiones no Contributivas por Discapacidad Laboral asciende a unos 35 mil millones de pesos mensuales. El funcionario detalló casos llamativos, como personas que presentaron la misma radiografía, ecocardiograma y medición de presión, incluso en diferentes provincias como Tucumán. "En el Chaco, se presentó una misma radiografía de hombro como prueba en 150 pensiones por invalidez durante la gestión anterior", destacó. Fraude a gran escala El abogado Diego Spagnuolo, al frente de la ANDIS, denunció que la agencia había descubierto una actividad fraudulenta a gran escala, estimándose un desvío de fondos de aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales. Entre 2003 y 2015, las pensiones pasaron de 79.000 a 1.045.000. Este número se redujo a 1.026.000 entre 2015 y 2019, pero volvió a subir a 1.222.000 en diciembre de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández. Comparación internacional A modo de comparación, se destacó que Israel tiene una población activa con pensión por discapacidad del 3,5%, mientras que en Argentina es del 4,6%, a pesar de no haber sufrido guerras ni catástrofes naturales. El portavoz oficial señaló que la cifra de pensiones en Argentina es desproporcionada si se tiene en cuenta la falta de situaciones extremas en el país. Suspensiones bajo revisión Las razones principales de estas suspensiones incluyen el incumplimiento de requisitos mínimos para acceder a la pensión y la inasistencia reiterada a las auditorías sin justificación. Estas suspensiones podrían convertirse en bajas definitivas al finalizar el proceso. La ANDIS explicó que estas auditorías son un paso necesario para redirigir los recursos hacia quienes realmente lo necesitan, asegurando que los fondos lleguen a las personas con discapacidad y sus familias. La investigación se centra en las personas que reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral bajo la ley 13.478 y el decreto 432/97, y no incluye a menores de edad ni a personas ya auditadas en 2024. Rechazo en el Congreso y críticas al gasto El portavoz presidencial también se refirió al rechazo de la mayoría de los diputados nacionales al veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. “El Congreso defendió este sistema corrupto que desvió fondos de todos los argentinos”, afirmó. El gobierno de La Libertad Avanza criticó fuertemente la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para la Protección Social, advirtiendo que esta medida aumentará el gasto público en más de $2.166.985.900.000 en 2025, lo que representa un 0,26% del Producto Bruto Interno (PBI), y que para 2026 este gasto podría superar los cuatro billones de pesos, un 0,47% del PBI.