Lo que parecía ser un día más de clases en la Escuela Técnica EPET N.º 1 terminó en una serie de operativos de seguridad, tras recibir dos amenazas de bomba en menos de dos horas. Ambas resultaron ser falsas, pero activaron protocolos que incluyeron evacuaciones, la intervención de la policía, bomberos y personal judicial. La primera alerta llegó cerca del mediodía y obligó a evacuar el edificio. A cargo del operativo estuvo la fiscal Daniela Pringles, quien explicó que el llamado se había realizado desde un número identificado, que incluso pudo ser geolocalizado dentro del establecimiento. Sin embargo, mientras se avanzaba en la investigación, un segundo llamado reactivó el protocolo de emergencia por la tarde, generando más incertidumbre. La escuela había retomado sus actividades cuando volvió a ser evacuada. “La primera llamada nos llevó a identificar el celular desde el cual se hizo el aviso. Ya estábamos preparando la detención del sospechoso cuando recibimos el segundo aviso. Esta vez, era un menor de 14 años el que usaba el teléfono”, relató la fiscal Pringles. El adolescente fue hallado por la policía en una parada de colectivo, alrededor de las 16 horas. El menor habría confesado que realizó la amenaza como parte de un “challenge” de redes sociales, convencido de que recibiría dinero por realizar actos temerarios. Entre lágrimas, fue puesto a disposición del Juzgado de Menores. En cuanto al primer llamado, un joven de 18 años se presentó voluntariamente en la Comisaría 3ra, alegando que sus compañeros habían utilizado su teléfono sin su consentimiento. Fue demorado, pero luego liberado cuando se comprobó que no fue él quien realizó la llamada, aunque seguirá vinculado a la causa. Más tarde, se presentó ante las autoridades el autor real del primer aviso, un joven de 19 años identificado como Barassi, quien permanece detenido y deberá presentarse ante la Justicia. “La intimidación al orden público es un delito con una pena mínima de 2 años de prisión”, advirtió Pringles. Y agregó: “Esto no es una broma. Los costos operativos superan los 4 millones de pesos por cada falsa alarma. Los responsables podrían enfrentar fuertes sanciones económicas o una condena penal”. La investigación continúa con la toma de declaraciones a los estudiantes involucrados. La Justicia también evalúa si hay lugar para imputaciones civiles a los padres de los menores.